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Establece medidas laborales complementarias para paliar los efectos del COVID-19. Regula el mantenimiento del empleo en centros sanitarios y sociales, medidas extraordinarias de protección del empleo y el cómputo de contratos temporales. También fija reglas sobre los ERTE y las prestaciones por desempleo.

Regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no prestan servicios esenciales. Durante el permiso se reduce la movilidad de la población para frenar el COVID-19. Las horas no trabajadas se recuperan después.

La ley simplifica los trámites administrativos de la Comunidad Autónoma de Galicia y crea instrumentos de apoyo a la inversión empresarial para favorecer la reactivación económica tras la pandemia. Regula también la evaluación ambiental, las autorizaciones de instalaciones eléctricas, medidas urbanísticas y la gestión de fondos de recuperación.

Establece medidas para prevenir, contener y coordinar la respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones en centros de trabajo, sanitarios, docentes, comercios, hostelería, cultura y deporte, el transporte público, los medicamentos y productos sanitarios, la detección precoz y vigilancia epidemiológica, y un régimen sancionador.

Esta ley crea un modelo de relación entre las empresas y las administraciones públicas de Cataluña, con una Ventanilla Única Empresarial y un portal único digital. Regula cómo se autorizan, comunican y controlan las actividades económicas y los establecimientos.

Permite que la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte colabore, durante seis meses, en la comprobación de requisitos y en la tramitación de las subvenciones del Decreto 87/2020. Estas ayudas las gestiona la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. y van a empresas y autónomos de cultura y deporte afectados por el COVID-19.

Permite que la consejería que tutela Sodercan, S.A. compruebe el cumplimiento de requisitos y obligaciones de los solicitantes y beneficiarios de sus ayudas, y apoye en su instrucción y tramitación. Se aplica durante seis meses a las líneas de ayuda ya en tramitación y a las convocadas hasta 2021.

Establece medidas económicas, fiscales y administrativas en Canarias para responder a la crisis del COVID-19. Incluye apoyo a autónomos y al empleo, agilización de contratos y subvenciones, gestión presupuestaria, medidas de personal y ajustes fiscales y educativos.

Modifica la Ley 12/2013 para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Establece medidas urgentes ante la crisis del sector agrario, con normas sobre las relaciones entre proveedores y compradores de productos agrícolas y alimentarios.

Crea el ingreso canario de emergencia (ICE), una ayuda económica para personas en situación de vulnerabilidad por la crisis del COVID-19. También flexibiliza la tramitación de la prestación canaria de inserción (PCI), actualiza sus cuantías y establece medidas sobre vivienda protegida y alquileres.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar la administración pública en las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Incluye cambios en licencias de obras, ayudas, contratación de personal, compras sanitarias y normas fiscales y presupuestarias.

Crea la declaración de proyectos prioritarios en Castilla-La Mancha para iniciativas empresariales consideradas estratégicas. Establece una Unidad de Acompañamiento Empresarial y un procedimiento para solicitar y obtener esa declaración. Regula sus efectos: tramitación preferente, reducción de plazos, utilidad pública y acceso a financiación.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras el estado de alarma por el COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos, aspectos concursales y societarios, y el uso de medios telemáticos en los actos judiciales.

Modifica varias leyes de la Región de Murcia en materia de puertos, taxi, vivienda y urbanismo para hacer frente al impacto social y económico del COVID-19. Incluye ayudas para reparar viviendas dañadas por movimientos sísmicos y regula exenciones y bonificaciones.

La ley crea ayudas económicas para mejorar los ingresos de personas trabajadoras con rentas bajas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) durante la crisis de la COVID-19 en Cantabria. Regula quiénes pueden recibirlas, las cuantías, el procedimiento de concesión, el pago y el reintegro.

Permite que la consejería que tutela SODERCAN, S.A. se encargue de comprobar requisitos y obligaciones de los beneficiarios y de apoyar la instrucción y tramitación de las ayudas del COVID-19. Se aplica también a las ayudas de la Orden INN/11/2020 (cheques de resistencia) para microempresas y autónomos.

Regula una ayuda para la compra de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud en Canarias. Está dirigida a pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios con renta anual inferior a 18.000 euros. La norma fija quién puede recibirla, cómo se acredita, su cuantía, el abono y el procedimiento de gestión.

La ley regula el apoyo, la asistencia y el reconocimiento a las víctimas de terrorismo en Extremadura. Establece indemnizaciones por fallecimiento, daños físicos o psíquicos y daños materiales, y acciones asistenciales en sanidad, educación, empleo y vivienda. También crea un centro de estudios y medidas de memoria y reconocimiento.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.