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Establece qué información deben enviar los ayuntamientos sobre su esfuerzo fiscal de 2024 y cómo comprobarla. Fija el 30 de junio de 2026 como fecha límite y exige el envío telemático con firma electrónica.

Establece la información que los ayuntamientos deben enviar sobre su esfuerzo fiscal de 2023 y cómo se comprueba. Fija el 17 de octubre de 2025 como fecha límite y exige el envío telemático con firma electrónica.

Modifica el modelo de comunicación que deben usar los intermediarios fiscales que están exentos de informar sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal por secreto profesional. Ahora solo deben comunicar esa exención a su propio cliente, no al resto de intermediarios.

Establece la información que los ayuntamientos deben enviar sobre su esfuerzo fiscal de 2022 para el cálculo de su participación en los tributos del Estado. Fija el plazo hasta el 30 de junio de 2024 y la forma de envío telemático con firma electrónica, y regula cómo las Delegaciones de Economía y Hacienda comprueban esos datos.

Modifica la Resolución de 2014 que fija cómo se envían y qué estructura, contenido y formato tiene el fichero del padrón catastral y los demás ficheros de intercambio para gestionar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El cambio se refiere a la clave de uso de los inmuebles, en concreto la clave A-Almacén-Estacionamiento.

Establece cómo deben enviar los ayuntamientos al Ministerio de Hacienda los datos de su esfuerzo fiscal de 2021, necesarios para calcular su participación en los tributos del Estado de 2023. Fija el plazo hasta el 30 de junio de 2023 y la forma de envío telemático con firma electrónica.

Establece cómo deben los ayuntamientos calcular y enviar por vía telemática la información sobre su esfuerzo fiscal de 2020, necesaria para la liquidación de su participación en los tributos del Estado de 2022. Fija el 30 de junio de 2022 como fecha límite y regula la comprobación de esos datos por las Delegaciones de Economía y Hacienda.

Actualiza el procedimiento electrónico de intercambio de ficheros entre la Agencia Tributaria y las entidades de crédito para responder a requerimientos de movimientos de cuentas bancarias. Amplía los supuestos en que se pueden pedir estos datos y el contenido de la información.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2021, que adapta la ley española a varias directivas de la Unión Europea. Las materias son competencia, blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, tributos, daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores y defensa de los consumidores.

Aprueba tres modelos de comunicación entre particulares sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal. Sirven para que un intermediario o un obligado tributario avise a los demás de que ha presentado la declaración o de que está eximido de hacerlo.

Establece las condiciones para que la Agencia Tributaria cobre en vía ejecutiva las deudas que son recursos de los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado. Regula cómo los organismos envían esas deudas, qué datos deben incluir y cómo se resuelven las incidencias.

Establece cómo los ayuntamientos deben enviar por vía telemática la información sobre su esfuerzo fiscal de 2019, necesaria para calcular su participación en los tributos del Estado de 2021. Fija el 30 de junio de 2021 como fecha límite y elimina la presentación en papel.

Establece instrucciones para un nuevo modelo de gestión informática en los Tribunales Económico-Administrativos y la Dirección General de Tributos, con la colaboración de la Agencia Tributaria. También regula el intercambio estable de información entre estos órganos y la entrega de notificaciones urgentes por agentes de la Agencia.