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Aprueba la Política de Seguridad de la Información del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y crea el Comité de Seguridad de los Sistemas de Información. Fija los principios, la estructura organizativa y las responsabilidades para proteger los sistemas de información y los datos personales del departamento.

Actualiza las sedes electrónicas del Ministerio de Hacienda y las adapta a la normativa vigente. Fija qué sedes electrónicas dependen del Punto de Acceso General electrónico (PAGe) de la Administración General del Estado y cuáles se alojan en la Sede Electrónica Central.

Regula los sistemas electrónicos para medir y controlar el agua que se capta de ríos y acuíferos, la que retorna al dominio público hidráulico y la que se vierte. Establece tipos de captaciones, categorías de aprovechamientos, requisitos técnicos de los medidores y frecuencias de envío de datos a los organismos de cuenca.

Desarrolla la plataforma electrónica de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y la oficina de asignación de recogidas de estos residuos. Regula sus funciones, el acceso de los operadores, el funcionamiento, la financiación, el etiquetado electrónico y la trazabilidad, así como el proceso de asignación de recogidas.

Aprueba la política de seguridad de la información del Ministerio de Defensa. Establece cómo se organiza, protege y controla la información del departamento a lo largo de todo su ciclo de vida, sea cual sea su soporte. Sustituye la política anterior de 2006 y se adapta a la evolución de los riesgos y de las tecnologías.

Desarrolla el mecanismo para fomentar el uso de biocarburantes y otros combustibles renovables en el transporte. Establece objetivos obligatorios de venta o consumo, un sistema de certificación y un régimen de control y sanciones.

Regula cómo las entidades de la Seguridad Social elaboran, aprueban y presentan por vía telemática sus cuentas anuales. Sustituye una orden anterior de 2009 y fija los requisitos de seguridad y firma electrónica del proceso.

Establece los procedimientos para presentar las declaraciones de inversiones exteriores: inversiones extranjeras en España e inversiones españolas en el exterior. Regula los modelos, la presentación electrónica, las declaraciones previas en jurisdicciones no cooperativas y las memorias anuales.

Modifica el procedimiento de notificación de sustancias y mezclas químicas al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Permite notificar el cese de comercialización a través de la herramienta de la agencia europea ECHA y elimina la necesidad de un acuse de recibo del Instituto para cumplir la obligación legal.

Modifica las condiciones del servicio de consulta telefónica de números de abonado (código 118). Cambia el umbral de precio para el acceso directo, fija un nuevo límite de duración de la llamada y elimina la progresión de llamada. También obliga a facturar por separado este servicio.

Aprueba una instrucción que regula cómo se registran las actividades de vigilancia de las infraestructuras ferroviarias. Establece qué datos de los activos y de las labores de vigilancia deben quedar registrados y fija plazos para implantar estos registros.

La orden regula qué información deben enviar las empresas que ofrecen servicio de recarga para vehículos eléctricos al Ministerio para la Transición Ecológica, a las comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla. Establece el contenido, la frecuencia, los plazos y la forma de remisión de esos datos.

Desarrolla el contenido mínimo del Registro autonómico de explotaciones agrícolas y del Cuaderno digital de explotación agrícola. También fija el alcance y el calendario para incorporar datos al Sistema de información de explotaciones agrícolas, ganaderas y de la producción agraria (SIEX).

Regula cómo se declaran los movimientos de medios de pago (efectivo y otros) al entrar o salir de España o dentro del territorio nacional. Establece qué movimientos requieren declaración previa, los modelos, cómo y dónde presentarlos, y la intervención de los medios de pago si no se declaran.

Modifica la Orden FOM/606/2018 para incluir la actividad de expedición de mercancías peligrosas en el informe anual de las empresas y actualiza el modelo de comunicación de consejeros de seguridad del Real Decreto 97/2014. Adapta así la normativa española a la enmienda de 2019 del Acuerdo ADR.

Crea la Comisión Interministerial de Biomonitorización Humana (CIBMH), un órgano que coordina el seguimiento de la exposición de la población a sustancias químicas. Regula sus competencias, composición, funcionamiento y grupos técnicos de trabajo.

Amplía el plazo durante el cual los gestores de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica pueden expedir notificaciones operacionales limitadas, previsto en el Real Decreto 647/2020. También modifica el anexo IV de ese real decreto, que recoge la información para solicitar la notificación operacional de módulos de generación conectados a la red de distribución.

Establece un complemento de reaseguro a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros para el Plan de Seguros Agrarios Combinados de 2022. También cambia la fecha de entrada en vigor de obligaciones de las entidades que declaran a la Central de Información de Riesgos del Banco de España y modifica varias órdenes sobre crédito revolvente, publicidad bancaria y transparencia.

Crea el Foro contra las campañas de desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional como órgano colegiado de colaboración público-privada, adscrito al Departamento de Seguridad Nacional. Regula su composición, sus órganos (Presidencia, Vicepresidencia, Pleno y Secretaría) y su funcionamiento.