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Deja sin efecto la emergencia de interés nacional declarada por los incendios forestales en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. La dirección y coordinación de la emergencia vuelve a las comunidades autónomas, que pasan a la situación operativa 2 de sus planes de protección civil.

Establece medidas urgentes de protección laboral y social para las personas afectadas por los incendios forestales de 2026 en Madrid, Ávila y Toledo. Incluye la suspensión del contrato con una prestación extraordinaria, un permiso por fallecimiento y medidas de Seguridad Social, notariales y registrales.

Deja sin efecto la ampliación a la provincia de Toledo de la emergencia de interés nacional por incendios forestales. La gestión de la emergencia en Toledo vuelve a la situación operativa 2 del plan de Castilla-La Mancha (PLATECAM).

Declara la emergencia de interés nacional por los incendios forestales en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila. El Ministro del Interior asume la dirección de la emergencia y la dirección operativa corresponde a la Unidad Militar de Emergencias.

Establece medidas urgentes de apoyo al sector agrario y forestal en Cataluña. Incluye ayudas a explotaciones ganaderas de vacuno afectadas por tuberculosis, cambios en tasas, medidas de gestión forestal y prevención de incendios, simplificación agraria y medidas fiscales.

Establece medidas tributarias para las víctimas de la DANA de octubre y noviembre de 2024 y para las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica. Declara exentas del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades determinadas ayudas y cantidades recibidas. También fija medidas de endeudamiento y gasto para administraciones territoriales.

Desarrolla medidas para coordinar la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales entre administraciones. Establece una calificación común de las unidades de extinción, un protocolo de coordinación de medios aéreos, indicativos de radio únicos, simbología común en mapas y condiciones mínimas de seguridad del personal.

Establece medidas urgentes de apoyo al sector agrario y forestal de Cataluña. Incluye ayudas a explotaciones ganaderas de vacuno afectadas por tuberculosis, cambios en tasas, medidas de gestión forestal y prevención de incendios, control de especies cinegéticas, simplificación agraria y medidas fiscales.

Prorroga varias medidas de protección social y adopta medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. Incluye normas sobre vivienda, energía, pensiones, empleo, impuestos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Regula la concesión directa de ayudas para compensar los daños en la actividad agraria causados por los grandes incendios forestales de 2025. Incluye una ayuda por pérdida de renta en explotaciones afectadas y otra para incrementar la subvención a la prima del seguro agrario combinado.

Establece las directrices y criterios comunes que deben seguir las comunidades autónomas para elaborar sus planes anuales de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. Los planes deben cubrir todo el año, con análisis de riesgo, zonificación del territorio, catálogo de medios y medidas preventivas.

Establece el marco básico estatal para los bomberos forestales que trabajan en la extinción de incendios. Regula sus funciones, clasificación profesional, formación, salud laboral, jornada y derechos específicos, así como el mantenimiento de plantillas en caso de sucesión empresarial.

Modifica la Ley de Montes y Ordenación Forestal de Asturias para adaptarla a los cambios de la normativa estatal sobre incendios forestales. Cambia siete artículos: el Consejo Forestal, las medidas de prevención y lucha contra incendios, el uso del fuego y la quema de rastrojos, y el régimen de infracciones y sanciones.

Aprueba la Norma Básica de Protección Civil, que fija las directrices para identificar riesgos de emergencias y catástrofes, el contenido mínimo de los planes de protección civil y las bases para coordinar a los servicios de intervención. También establece el catálogo de riesgos que deben planificarse.

Modifica la Ley 3/2008 de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha para adaptarla a la normativa estatal y a las estrategias europeas de biodiversidad y bosques. También cambia otras dos leyes autonómicas y fija reglas transitorias para procedimientos en curso.

Regula cómo los ayuntamientos piden al Estado que les compense por las cuotas de IBI y de IAE que dejan de cobrar en 2022. Estos beneficios fiscales se aplican a inmuebles y negocios dañados por los incendios forestales de junio, julio y agosto de 2022.

Permite a las instalaciones de cogeneración renunciar al régimen retributivo específico para acogerse al mecanismo de ajuste de costes del gas. También reduce temporalmente el IVA del gas natural, briquetas y pellets, e impulsa la tramitación de renovables.

Modifica la Ley de Montes y adopta medidas urgentes para prevenir, vigilar y extinguir incendios forestales. Refuerza la coordinación entre el Estado, las comunidades autónomas, el sector privado y la sociedad durante todo el año.