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Aprueba un plan de respuesta a la crisis en Oriente Medio con medidas energéticas, económicas, tributarias, agrarias, pesqueras, de transporte y sociales. Incluye descuentos para consumidores eléctricos vulnerables, ayudas al bono social térmico y medidas para impulsar la electrificación y las renovables.

Establece ayudas y medidas urgentes para reparar los daños causados por lluvias, viento, nieve y otros fenómenos meteorológicos adversos, con especial incidencia en Andalucía y Extremadura. Incluye apoyos a personas, viviendas, empresas, explotaciones agrarias y pesqueras, ayuntamientos y medidas fiscales y de empleo.

Establece qué información deben enviar los ayuntamientos sobre su esfuerzo fiscal de 2024 y cómo comprobarla. Fija el 30 de junio de 2026 como fecha límite y exige el envío telemático con firma electrónica.

Establece la información que los ayuntamientos deben enviar sobre su esfuerzo fiscal de 2023 y cómo se comprueba. Fija el 17 de octubre de 2025 como fecha límite y exige el envío telemático con firma electrónica.

Regula cómo los ayuntamientos piden al Estado que les compense por las exenciones del IBI y las reducciones del IAE del ejercicio 2024 en municipios afectados por la DANA. Los beneficios se aplican a inmuebles dañados y a negocios que tuvieron que realojarse o cerrar temporalmente.

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

Establece medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Incluye ayudas a personas, viviendas, empresas y ayuntamientos, medidas fiscales y de Seguridad Social, y líneas de avales y moratorias para hogares y empresas afectados.

El Real Decreto-ley 4/2024 prorroga medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. Incluye medidas fiscales, energéticas, de transporte y sociales, como descuentos en el bono social eléctrico y apoyo al transporte público.

Habilita el sistema para que los ayuntamientos y otras entidades locales soliciten por vía electrónica al Estado la compensación por las cuotas del IBI que dejan de cobrar por la exención reconocida a los centros docentes con concierto educativo.

Establece la información que los ayuntamientos deben enviar sobre su esfuerzo fiscal de 2022 para el cálculo de su participación en los tributos del Estado. Fija el plazo hasta el 30 de junio de 2024 y la forma de envío telemático con firma electrónica, y regula cómo las Delegaciones de Economía y Hacienda comprueban esos datos.

Modifica la Resolución de 2014 que fija cómo se envían y qué estructura, contenido y formato tiene el fichero del padrón catastral y los demás ficheros de intercambio para gestionar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El cambio se refiere a la clave de uso de los inmuebles, en concreto la clave A-Almacén-Estacionamiento.

Aprueba medidas urgentes para ejecutar el Plan de Recuperación con fondos europeos. Regula la digitalización de la justicia, cambios en el empleo público, la reforma de la ley de régimen local y los incentivos fiscales al mecenazgo.

Regula cómo las entidades locales piden al Estado la compensación por la pérdida de recaudación del IBI rústico de 2023. La exención beneficia a titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas que hayan sufrido una reducción de su rendimiento neto.

Regula el derecho a la vivienda y fija las bases de las políticas públicas en esta materia. Establece derechos y deberes de la ciudadanía, límites al derecho de propiedad y reglas sobre vivienda protegida y parques públicos de vivienda. También prevé declarar zonas de mercado residencial tensionado y exige información en las operaciones de compra y alquiler.

Adopta medidas urgentes frente a la sequía y el encarecimiento de costes en el sector agrario: ayudas directas a ganaderos, apicultores y agricultores, apoyo al seguro agrario, flexibilización de la PAC y medidas fiscales y de Seguridad Social. También regula el uso del agua en cuencas afectadas y rebajas de billetes de transporte público terrestre para jóvenes.

Establece cómo deben enviar los ayuntamientos al Ministerio de Hacienda los datos de su esfuerzo fiscal de 2021, necesarios para calcular su participación en los tributos del Estado de 2023. Fija el plazo hasta el 30 de junio de 2023 y la forma de envío telemático con firma electrónica.

Regula cómo los ayuntamientos piden al Estado que les compense por las cuotas de IBI y de IAE que dejan de cobrar en 2022. Estos beneficios fiscales se aplican a inmuebles y negocios dañados por los incendios forestales de junio, julio y agosto de 2022.

Regula cómo las entidades locales piden al Estado la compensación por la pérdida de recaudación del IBI rústico de 2022, tras la exención aprobada por el Real Decreto-ley 4/2022 para titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas con pérdidas por la sequía.