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La ley regula el acceso a la cultura en Galicia con criterios de inclusión y accesibilidad para todas las personas, en especial quienes tienen dificultades de participación cultural. Crea un plan de accesibilidad y un Observatorio de la Cultura Inclusiva y Accesible de Galicia.

El Tribunal Constitucional decide mantener en parte la suspensión de varios apartados de la Ley de la Asamblea de Madrid 17/2023, que modificaba la ley autonómica de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación. La suspensión se había producido al admitir a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra esos apartados.

Establece el Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar de Andalucía. Regula su representación y participación, la conciliación laboral y familiar, la formación en igualdad, el empleo y las ayudas, y la titularidad compartida de explotaciones. También crea la Mesa de mujeres rurales y del mar andaluzas.

Regula la concesión directa de subvenciones a entidades del tercer sector para actuaciones de igualdad de trato y no discriminación. Las ayudas se dirigen a atender a personas que viven en asentamientos informales y a víctimas de acciones LGTBIfóbicas.

Modifica el artículo 27 de la Orden CNU/709/2024 para añadir conceptos presupuestarios a los que se puede imputar la financiación de las ayudas para Unidades de Investigación Clínica del PERTE para la Salud de Vanguardia. Entra en vigor el día siguiente al de su publicación.

Regula la concesión directa y excepcional de subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a entidades del Tercer Sector de Acción Social y otras entidades. Establece el procedimiento, los gastos subvencionables, las obligaciones de las beneficiarias y el reintegro.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Igualdad a varias entidades. Estas ayudas financian la inserción sociolaboral de mujeres y niñas víctimas de trata, de explotación sexual y de mujeres en contextos de prostitución.

La ley establece garantías para que la Comunidad de Castilla y León preste los servicios autonómicos esenciales en todo su territorio. Incluye garantías específicas para los servicios sanitarios, educativos y sociales en el ámbito rural.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y anula el Real Decreto 378/2022, que regulaba la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social. Las subvenciones afectadas sumaban 102.036.066 euros y se enmarcaban en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Convoca el procedimiento para conceder el distintivo «Igualdad en la Empresa» correspondiente a 2024 y aprueba sus bases. Pueden presentarse empresas y entidades que actúen en España y destaquen por aplicar políticas de igualdad entre mujeres y hombres.

Establece las bases reguladoras para conceder subvenciones a actividades de promoción de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas, y para sufragar gastos de funcionamiento de entes representativos de la economía social de ámbito estatal.

Establece la representación paritaria y la presencia equilibrada de mujeres y hombres en órganos constitucionales, el Gobierno, el sector público, colegios profesionales, sindicatos, empresas, fundaciones y otros ámbitos. Modifica varias leyes para aplicar este criterio, incluida la ley electoral y la del Estatuto de los Trabajadores.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra varios apartados de la Ley 17/2023 de la Comunidad de Madrid, que modifica la ley de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, los preceptos impugnados quedan suspendidos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra un apartado de la Ley 18/2023 de la Comunidad de Madrid, que modificó la Ley 3/2016 contra la LGTBIfobia. El recurso se refiere al apartado d) de la nueva redacción del artículo 65 de esa ley. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la norma impugnada queda suspendida.