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Actualiza la sede electrónica de la Autoridad Portuaria de Gijón para adaptarla a la Ley 39/2015, la Ley 40/2015 y el Real Decreto 203/2021. Regula su identificación, dirección, contenidos, servicios y los medios para presentar sugerencias y quejas.

Actualiza el Registro Electrónico de la Autoridad Portuaria de Gijón, creado en 2013, para adaptarlo a las leyes de procedimiento administrativo de 2015 y al reglamento de actuación electrónica de 2021. Regula cómo se presentan y reciben solicitudes, escritos y comunicaciones por vía electrónica ante este organismo.

Cambia la dirección electrónica de la sede electrónica de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, que pasa a ser https://puertodealgeciras.sede.gob.es. La dirección anterior seguirá activa y redirigirá a la nueva durante seis meses desde su publicación en el BOE.

Crea la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. Regula su naturaleza, sus funciones de investigación, el procedimiento, la organización y su financiación.

Modifica la Ley del sector ferroviario para adaptar la normativa española a las directivas europeas sobre el espacio ferroviario único. Reordena la definición de infraestructura ferroviaria e instalaciones de servicio y regula el acceso de nuevas empresas al transporte de viajeros por ferrocarril.

Autoriza al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias a participar en un aumento de capital de la sociedad pública Zalia para que el Principado pase a tener una posición mayoritaria. La operación se hace capitalizando el préstamo participativo que el Principado ya había aportado, con sus intereses.

Modifica el Real Decreto 707/2015, que regula el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria. Aclara cuándo y en qué cuantía se exigen las aportaciones obligatorias al Fondo y su régimen contable. Incluye una disposición transitoria sobre la amortización de la deuda bancaria pendiente del Fondo.

La ley introduce en la normativa estatal la figura de la persona consumidora vulnerable, que requiere protección especial en sus relaciones de consumo. Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas para atender situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres para crear nuevas infracciones y sanciones en el arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) y para luchar contra la morosidad en el transporte de mercancías por carretera. También cambia otras normas sobre gestión del transporte y las infraestructuras.

Introduce en la normativa estatal la figura de la persona consumidora vulnerable y prevé una protección reforzada para ella en las relaciones de consumo. Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas.

Modifica la resolución que creó y regula la sede electrónica de la Autoridad Portuaria de Ceuta para actualizar su información tras cambios técnicos y organizativos. La nueva versión se publica en el Boletín Oficial del Estado y en la propia sede electrónica.

Actualiza el Registro Electrónico de la Autoridad Portuaria de Castellón. Cambia cómo se presentan solicitudes y documentos, cómo se accede al registro, cómo se identifica el ciudadano y la lista de trámites admitidos.

Modifica la resolución que creó la Sede Electrónica de la Autoridad Portuaria de Castellón para actualizar su dirección electrónica y los datos de su instrumento de creación. La nueva redacción se publica en el Boletín Oficial del Estado y en la propia sede.

Desarrolla la estructura organizativa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana hasta el nivel de subdirección general. Define los órganos del ministerio y sus competencias en infraestructuras, transportes, vivienda, suelo y agenda urbana.

Modifica el anexo I de la Orden FOM/1194/2011 para ampliar los datos que deben declararse sobre la identificación de pasajeros en la declaración única de escala de buques. Añade datos como nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, documento de identidad, puertos de embarque y desembarque y datos de contacto para emergencias.

Desarrolla el régimen de las extracciones marítimas de buques y bienes naufragados o hundidos previsto en la Ley de Navegación Marítima. Regula las autorizaciones para explorar, localizar y extraer esos restos, y los concursos para extraer bienes de propiedad del Estado.

Incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la contratación pública en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la adjudicación de contratos de concesión. También adapta la normativa sobre seguros privados, planes y fondos de pensiones, y modifica normas fiscales sobre el IVA, impuestos especiales y resolución de litigios fiscales.