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Crea un marco para declarar proyectos de especial interés estratégico en las Illes Balears y acelerar su tramitación. Establece órganos de gobernanza (Comisión, Unidad y Oficina aceleradoras) y medidas para agilizar inversiones públicas y privadas.

Establece los criterios técnicos para decidir cuándo un vertedero clausurado deja de suponer un riesgo significativo para el medio ambiente. Regula cómo se evalúan los resultados del programa de vigilancia posterior al cierre y cuándo puede darse por finalizado.

Aplica en puertos españoles las orientaciones internacionales que permiten a los buques petroleros de suministro de combustible transportar mezclas con hasta un 30 % en volumen de biocombustible. Regula también la entrega de desechos y la validez de los certificados de prevención de la contaminación por hidrocarburos (IOPP).

Establece las normas para dar una subvención directa a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El dinero financia las obras de seguridad estructural y clausura de la instalación de residuos mineros abandonada Virgen de la Caridad, en Cartagena.

Fija los niveles de radiactividad por debajo de los cuales los materiales residuales sólidos de origen natural (NORM) pueden eliminarse en vertedero sin autorización específica. También establece condiciones de control, documentación y trazabilidad para los productores de estos materiales.

Establece las normas para la gestión de neumáticos al final de su vida útil, desde que se ponen en el mercado hasta su recogida y tratamiento. Regula las obligaciones de los productores, los sistemas de responsabilidad ampliada, los gestores y la información a las administraciones.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 7/2025, de 24 de junio, que aprobaba medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico. La derogación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Modifica el anexo V del Convenio MARPOL sobre basuras de los buques. Permite que pequeños Estados insulares en desarrollo y Estados con litoral en el Ártico usen acuerdos regionales para las instalaciones de recepción de desechos. También ajusta qué buques deben llevar el Libro registro de basuras y qué se anota en caso de descarga o pérdida accidental.

Modifica la Ley de capitalidad de Palma y regula aportaciones económicas de la Comunidad Autónoma al Ayuntamiento de Palma y al Consejo Insular de Formentera. También cambia normas sobre temporalidad y función pública, y trata el transporte de residuos de Formentera a Ibiza y la reserva de biosfera de Menorca.

Regula la concesión directa de subvenciones a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar para financiar inversiones en infraestructuras del ciclo del agua, residuos y servicios municipales. Estas ayudas forman parte del Plan para el Campo de Gibraltar aprobado en 2018.

Establece el procedimiento para retirar y trasladar a centros autorizados de tratamiento (CAT) los vehículos dañados por la DANA de octubre y noviembre de 2024 que están almacenados en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia. Incluye un listado con matrícula y bastidor de los vehículos depositados.

Aprueba medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico tras el cero de tensión del 28 de abril de 2025. Incluye mandatos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y al operador del sistema, reglas sobre almacenamiento, flexibilidad, autoconsumo y electrificación, y cambios en la planificación y autorización de instalaciones eléctricas.

La ley establece medidas para simplificar los trámites administrativos en Cantabria. Regula los plazos para resolver procedimientos, el silencio administrativo, los informes sectoriales y la declaración responsable para actividades económicas. También crea los Proyectos Empresariales Estratégicos y la Unidad Aceleradora de Proyectos.

Modifica varios impuestos de Cataluña (emisiones de CO2 de vehículos, canon del agua, IRPF, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y depósito de residuos) y regula el aumento de retribuciones y pensiones del personal público. También incluye medidas administrativas sobre el Instituto Catalán de Finanzas y el suministro de energía a instituciones.

Modifica tres reales decretos sobre granjas para reforzar la vigilancia sanitaria que asume el titular de la explotación. Regula las visitas zoosanitarias y la intervención del veterinario para prevenir enfermedades animales y zoonosis.