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Actualiza las entregas a cuenta que el Estado transfiere a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales en 2026, para ajustarlas a la previsión de ingresos tributarios de ese año. También regula planes económico-financieros, el destino del superávit local de 2025 y modifica varias normas de régimen local.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos puntos de la Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del Servicio Público de Justicia. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto. Las partes del procedimiento judicial de origen pueden personarse en 15 días.

El Congreso convalida el Real Decreto-ley 15/2025, que adopta medidas urgentes para favorecer la actividad inversora de las entidades locales y las comunidades autónomas. También modifica el reglamento sobre los sistemas informáticos de facturación de empresarios y profesionales y los formatos de los registros de facturación.

Permite que las entidades locales y las comunidades autónomas usen el superávit presupuestario de 2024 para financiar inversiones financieramente sostenibles en 2025, 2026 y 2027. También amplía el plazo para que los sistemas informáticos de facturación de empresarios y profesionales cumplan los requisitos del reglamento que los regula.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el apartado dos de la disposición final séptima de la Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del Servicio Público de Justicia. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 128, apartado siete, y la disposición transitoria décima del Real Decreto-ley 6/2023. El tribunal plantea si esas normas vulneran el artículo 86.1 de la Constitución, que regula los decretos-leyes. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de Santa Cruz de Tenerife sobre la Ley 18/2019, de ordenación del empleo público en Canarias. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022. Esa disposición modifica la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Regula cómo se valoran los méritos generales del personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional en los concursos para cubrir puestos reservados. Concreta las puntuaciones de cada mérito y los procedimientos de acreditación e inscripción.

La ley regula la ordenación del empleo público en la Administración de Canarias. Establece la adjudicación de puestos de trabajo derivados de las ofertas de empleo público de 2015, 2016 y 2017, y prevé su desarrollo reglamentario.