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Actualiza las entregas a cuenta que el Estado transfiere a las Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales en 2026, para ajustarlas a la previsión de ingresos tributarios de ese año. También regula planes económico-financieros, el destino del superávit local de 2025 y modifica varias normas de régimen local.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos puntos de la Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del Servicio Público de Justicia. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto. Las partes del procedimiento judicial de origen pueden personarse en 15 días.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos preceptos del Real Decreto-ley 6/2023 que modifican el régimen de los funcionarios de administración local con habilitación nacional en el País Vasco. La cuestión se extingue por pérdida sobrevenida de su aplicabilidad y relevancia para el caso judicial de origen.

El Congreso convalida el Real Decreto-ley 15/2025, que adopta medidas urgentes para favorecer la actividad inversora de las entidades locales y las comunidades autónomas. También modifica el reglamento sobre los sistemas informáticos de facturación de empresarios y profesionales y los formatos de los registros de facturación.

Permite que las entidades locales y las comunidades autónomas usen el superávit presupuestario de 2024 para financiar inversiones financieramente sostenibles en 2025, 2026 y 2027. También amplía el plazo para que los sistemas informáticos de facturación de empresarios y profesionales cumplan los requisitos del reglamento que los regula.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el apartado dos de la disposición final séptima de la Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del Servicio Público de Justicia. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 128, apartado siete, y la disposición transitoria décima del Real Decreto-ley 6/2023. El tribunal plantea si esas normas vulneran el artículo 86.1 de la Constitución, que regula los decretos-leyes. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

El Tribunal Constitucional declara extinguido un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022. El recurso había perdido su objeto porque esa disposición ya fue anulada por una sentencia anterior del propio Tribunal.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final primera de la Ley de presupuestos de 2022, que modificaba la Ley de bases del régimen local para cambiar la selección, provisión y nombramiento de funcionarios con habilitación nacional en el País Vasco. La sentencia declara nula esa disposición.

El Tribunal Constitucional declara que la cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 1 de la Ley canaria 18/2019 ha perdido su objeto, porque ese precepto ya fue anulado por una sentencia anterior del propio tribunal.

El Tribunal Constitucional declara que la cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 1 de la Ley canaria 18/2019 ha perdido su objeto. Ello se debe a que ese precepto ya fue anulado por una sentencia anterior del propio Tribunal.

El Tribunal Constitucional declara que la cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 1 de la Ley canaria 18/2019 ha perdido su objeto. Ello se debe a que ese precepto ya fue anulado por la sentencia 116/2022, de 27 de septiembre.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de Santa Cruz de Tenerife sobre la Ley 18/2019, de ordenación del empleo público en Canarias. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022. Esa disposición modifica la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.