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Desarrolla la obligación de usar factura electrónica en las relaciones comerciales entre empresarios y profesionales. Regula el sistema español de factura electrónica, las plataformas privadas de intercambio, una solución pública y el cálculo de los plazos de pago. También modifica el reglamento de obligaciones de facturación.

Regula cómo los obligados tributarios pueden presentar por internet reclamaciones y recursos económico-administrativos, y cómo se tramitan y resuelven por medios electrónicos. También aprueba los formularios que deben usarse en estos trámites.

Modifica la Orden ECO/805/2003, que fija cómo se calcula el valor de tasación de inmuebles para fines financieros. Aclara qué autorizaciones administrativas previas a la licencia de obra sirven para obtener una tasación válida y ajusta los elementos a tener en cuenta en la valoración.

Regula la expedición, gestión y desarrollo del Documento Nacional de Identidad (DNI) en sus versiones física y digital. Establece los derechos y obligaciones de las personas titulares, la tramitación, validez, renovación y el tratamiento de datos personales. Adapta el DNI al Reglamento de la Unión Europea sobre seguridad de los documentos de identidad.

Regula cómo los Traductores-Intérpretes Jurados, Traductores Jurados e Intérpretes Jurados pueden usar la firma electrónica para certificar sus actuaciones, en lugar de la firma manuscrita y el sello físico. Establece el uso de certificados electrónicos cualificados y la consignación del número de registro y el idioma del trabajo.

Establece qué actuaciones de los Tribunales Económico-Administrativos se pueden hacer de forma automática por medios electrónicos y cómo se firman con un código seguro de verificación (CSV). También fija qué órganos se encargan de definir, mantener y controlar esos sistemas y quién responde si se impugnan.

Establece las condiciones para usar un sistema de firma electrónica no criptográfica en los trámites con las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. La persona se identifica previamente y confirma la firma con un código de un solo uso enviado a su teléfono móvil o correo electrónico.

Modifica la Orden EHA/789/2010 sobre las solicitudes de devolución del IVA (modelos 360 y 361). Exige adjuntar copia electrónica de facturas o documentos de importación cuando la base imponible supere 1.000 euros, o 250 euros si es carburante. Suprime la necesidad de presentar antes el documento de representación.

Determina qué prestaciones de la Seguridad Social pueden resolverse de forma automatizada mediante sello electrónico, cómo se reparten los expedientes entre las direcciones provinciales y qué dirección provincial resuelve las pensiones cuando se aplica un convenio internacional de Seguridad Social.

Aprueba medidas urgentes para ejecutar el Plan de Recuperación con fondos europeos. Regula la digitalización de la justicia, cambios en el empleo público, la reforma de la ley de régimen local y los incentivos fiscales al mecenazgo.

Establece en qué casos el Ministerio de Justicia usará el código seguro de verificación (CSV) como firma electrónica en actuaciones administrativas automatizadas, es decir, las realizadas por medios electrónicos sin intervención directa de un empleado público. Regula cómo se genera y verifica ese código y quién es responsable.

Habilita hacer trámites y presentar solicitudes y documentos con la Seguridad Social por teléfono e internet, usando sistemas de identificación como certificados electrónicos, Cl@ve, códigos enviados al móvil, videoconferencia o datos biométricos. Sustituye a la resolución de 25 de mayo de 2021.

Fija qué prestaciones de la Seguridad Social pueden resolverse de forma automatizada, cómo se reparten los expedientes entre las direcciones provinciales del INSS y qué dirección resuelve las pensiones cuando se aplica un convenio internacional. Sustituye a la resolución de enero de 2022.

Modifica la Resolución de 2017 sobre el uso de la firma electrónica no criptográfica en las relaciones con la Administración General del Estado. Amplía su uso a todos los usuarios registrados en Cl@ve, no solo a los de nivel sustancial o alto. El órgano gestor de cada procedimiento fija el nivel mínimo de identificación exigido.

Aprueba medidas para proteger a los consumidores de energía y reducir el consumo de gas natural, en el marco del plan «+SE». Incluye cambios en el bono social térmico y eléctrico, flexibilización de contratos de suministro, impulso al autoconsumo y medidas fiscales. También fija un incremento retributivo adicional para el personal del sector público en 2022 y reduce las jornadas cotizadas para el subsidio agrario por la sequía.

Crea la Oficina de asistencia en materia de registros del Ministerio de Sanidad. Esta oficina ayuda a las personas interesadas a usar medios electrónicos: identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes y obtención de copias auténticas. También digitaliza los documentos presentados en papel.

Modifica la Resolución de 14 de enero de 2022 del Instituto Nacional de la Seguridad Social para incluir el ingreso mínimo vital entre las prestaciones cuya resolución puede adoptarse de forma automatizada. También cambia el reparto de expedientes entre direcciones provinciales y fija cuál es competente en pensiones con convenios internacionales, incluido el de Senegal.

Establece las condiciones para usar el certificado electrónico de personas físicas como forma de identificarse y firmar en actuaciones telemáticas con los órganos judiciales y la Administración de Justicia. Se apoya en los sistemas de identificación y firma previstos en la Ley 39/2015 y en la Ley 18/2011.

Establece las condiciones de uso de un sistema de firma electrónica no criptográfica vinculado al servicio AutenticA. Este sistema se ofrece como complemento a la firma electrónica avanzada con certificado cualificado para relacionarse con la Administración General del Estado y sus organismos públicos.