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Regula las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social en Andalucía y crea cauces de diálogo y colaboración con las administraciones públicas. Establece medidas de promoción, una Estrategia de Promoción y un Observatorio Andaluz del Tercer Sector.

Modifica la Ley 5/2018 de la Comunidad de Madrid para ampliar las ayudas a las víctimas del terrorismo. Incluye indemnizaciones por daños personales y ayudas extraordinarias, complementarias de las estatales, y fija la cuantía en el 30 % de lo concedido por el Estado.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas, impuestos cedidos y tributos propios, y cambia normas sobre servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente y organización administrativa. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Establece el Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar de Andalucía. Regula su representación y participación, la conciliación laboral y familiar, la formación en igualdad, el empleo y las ayudas, y la titularidad compartida de explotaciones. También crea la Mesa de mujeres rurales y del mar andaluzas.

Deroga la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón. Además, modifica varias leyes aragonesas sobre archivos, patrimonio cultural, transparencia y financiación municipal.

Deroga la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales en La Rioja. La derogación se debe a que parte de esa norma no se ajusta a la Ley estatal 7/2023 de protección y bienestar animal. La ley entra en vigor el mismo día de su publicación.

Regula las sociedades cooperativas de la Comunidad de Madrid: su constitución, los socios, los órganos de gobierno, el régimen económico, las cuentas anuales, las modificaciones, la disolución y las clases de cooperativas. También regula el Registro de Cooperativas, la inspección y las infracciones y sanciones.

Modifica la Ley 5/2018 de la Comunidad de Madrid sobre víctimas del terrorismo. Amplía su ámbito a atentados ocurridos en la región y a quienes se trasladaron a Madrid por esa causa, y permite a la Comunidad ejercer la acción popular en ciertos delitos.