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Establece el importe de los recursos para financiar el coste directo de explotación de los sistemas públicos de saneamiento y regeneración de aguas residuales. También modifica varias normas de servicios sociales, infancia y adolescencia y acreditación y concierto social.

Establece medidas para facilitar el acceso de las personas dependientes y con discapacidad a los servicios sociales públicos de Cataluña. Sube los importes máximo y mínimo de la prestación económica para residencia asistida y declara gratuitas algunas prestaciones de la Cartera de Servicios Sociales.

Permite al Departamento de Educación y a los entes locales intercambiar datos para detectar alumnado con necesidades educativas específicas y distribuirlo de forma equilibrada entre centros. Regula qué datos se ceden, con qué finalidad y cómo se protegen.

Establece medidas organizativas para la atención sociosanitaria en Cataluña, que combina servicios sociales y sanitarios. Modifica normas sobre contratación de servicios sanitarios y sobre la cartera de servicios sociales, y fija la gestión conjunta de esta prestación.

Establece que el 85% de la recaudación de las sanciones por incumplir la normativa del primer estado de alarma por la COVID-19, denunciadas por ayuntamientos de Cataluña, se transfiera a esos ayuntamientos. También modifica varias normas sobre presupuestos, tributos, financiación y servicios sociales.

Modifica dos decretos-ley anteriores de Cataluña para ajustar medidas sociales y de empleo frente a la COVID-19. Actualiza el coste de referencia y el copago de servicios sociales para personas mayores, con discapacidad y otros colectivos, y cambia normas de empleo y fomento económico.

Modifica la Ley 14/2017 de la renta garantizada de ciudadanía de Cataluña para coordinarla con el ingreso mínimo vital estatal. Ajusta artículos sobre la prestación catalana y sobre las ayudas y pensiones complementarias, y añade nuevas disposiciones adicionales y transitorias.

Establece ayudas económicas urgentes para las entidades del tercer sector social de Cataluña, con el fin de afrontar el aumento de gastos causado por la pandemia de COVID-19. Regula quién puede recibirlas, los requisitos, la solicitud, la cuantía y la financiación.

Establece ayudas económicas para personas trabajadoras autónomas y microempresas afectadas por la COVID-19, para el sector cultural y para los precios de los servicios sociales. También modifica el Decreto ley 25/2020 en materia social y fiscal.

Modifica dos decretos-ley anteriores para ampliar medidas sociales y sanitarias frente a la COVID-19 en los servicios sociales. Incluye más servicios y modalidades de financiación pública, como las plazas con prestación económica vinculada, y aclara hasta cuándo se aplica el abono previsto.

Establece medidas presupuestarias para aplicar el plan de contingencia en residencias y centros de día de personas mayores y personas con discapacidad, con el fin de prevenir brotes de COVID-19. También mantiene vigentes normas sobre infancia y adolescencia y modifica un decreto-ley anterior en materia social.

Establece subvenciones para crear empleo en el trabajo domiciliario de cuidados y para programas de apoyo contra la exclusión social agravada por la COVID-19. También incluye medidas fiscales sobre el canon del agua y medidas administrativas para el sector público catalán.

Modifica el Decreto-ley 12/2020 para ajustar las medidas del Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña (SISCAT) frente a la COVID-19. Regula el pago a las entidades sanitarias y su capacidad de tesorería.

Establece medidas para asegurar que las personas usuarias de servicios sociales vuelvan a recibir las prestaciones reconocidas cuando la situación sanitaria lo permita, regula al personal residente sanitario y fija reglas excepcionales para las cooperativas catalanas durante la pandemia.

Adopta medidas económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia de COVID-19 en Cataluña. Incluye cambios tributarios, ayudas a la infancia y adolescencia, medidas sobre patrimonio y sobre personal. Se estructura en cuatro capítulos y once artículos.

Establece medidas organizativas en la Administración de la Generalidad de Cataluña, con cambios de competencias hacia el Departamento de Salud. También amplía el plazo para depositar fianzas de alquiler y regula inmuebles del Instituto Catalán del Suelo y la gestión de residuos.

Modifica las medidas de compensación económica a centros sanitarios por la COVID-19, aplaza el cobro del impuesto sobre emisiones de CO2 de vehículos de 2019 y 2020 y crea una prestación extraordinaria para suministros básicos.

Modifica el Decreto-ley 7/2020 de Cataluña para adaptar las medidas sobre contratación pública a la normativa estatal aprobada por el COVID-19. También añade medidas excepcionales en subvenciones y ayudas, medidas para entidades públicas y medidas tributarias.

Modifica la definición de vivienda vacía en la normativa catalana de vivienda. Una vivienda se considera vacía si está desocupada sin causa justificada más de dos años. Enumera las causas justificadas de desocupación.