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El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos artículos de la Ley de Cataluña 24/2015, de medidas urgentes en vivienda y pobreza energética. El tribunal revisará si esos artículos vulneran competencias del Estado recogidas en la Constitución.

El Tribunal Constitucional mantiene suspendida la Ley 1/2024 de Cantabria, que derogaba la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria de 2021. La suspensión se acordó al admitir un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno y sigue vigente.

Aprueba las bases y abre la convocatoria para seleccionar operaciones del programa «Tardes con Plan», dentro del Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza. Estas operaciones son actividades extraescolares de ocio educativo y promoción de estilos de vida saludables para la infancia y la adolescencia, cofinanciadas con el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

Regula la concesión directa de subvenciones a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Judías de España y la Comisión Islámica de España. Estas entidades firmaron acuerdos de cooperación con el Estado y reciben dinero para cumplir las funciones que esos acuerdos les asignan.

Fija las cuantías para 2025 de la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital y del complemento de las pensiones no contributivas en Aragón. También regula la concesión directa de subvenciones para proyectos y actuaciones de carácter social.

Establece el procedimiento para autorizar la residencia temporal en España de menores saharauis y la estancia de sus monitores durante el verano de 2025, dentro del Programa «Vacaciones en Paz». Regula la solicitud de informe previo, los requisitos de acogida y el visado.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas, impuestos cedidos y tributos propios, y cambia normas sobre servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente y organización administrativa. También reorganiza entes del sector público autonómico.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del Presidente del Gobierno contra varios artículos y disposiciones de la Ley 5/2024, de Concordia de la Comunitat Valenciana. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados queda suspendida.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Aragón contra el Real Decreto-ley 2/2025, que aprueba medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia ante contingencias migratorias extraordinarias. El recurso se dirige también, de forma subsidiaria, contra varios apartados del artículo único y contra las disposiciones adicionales y finales indicadas.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Cantabria contra el Real Decreto-ley 2/2025, que aprueba medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones migratorias extraordinarias.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Extremadura contra el Real Decreto-ley 2/2025, que aprueba medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, y contra su convalidación en el Congreso.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 2/2025, que aprueba medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. El recurso lo promueve el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 2/2025, que aprueba medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

La ley establece beneficios fiscales en Extremadura para facilitar el acceso a la vivienda, apoyar a jóvenes, colectivos vulnerables y afectados por ELA, y prorroga medidas tributarias vigentes hasta 2024. También adapta la normativa fiscal a la prórroga presupuestaria de 2025.