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Regula los requisitos y el procedimiento para que los centros, servicios y entidades privadas que atienden a personas en situación de dependencia en Ceuta y Melilla obtengan la acreditación administrativa. Fija requisitos de calidad, recursos humanos y reglas para la vigencia, renovación y revocación de la acreditación.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aporta 4 millones de euros a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para ejecutar proyectos en 2026 sobre reasentamiento, retorno voluntario asistido y reintegración, movilidad laboral e inclusión social.

Modifica la ley cántabra de reconocimiento a las víctimas del terrorismo para ampliar y precisar las ayudas autonómicas complementarias a las estatales. Fija un porcentaje del 30 por 100 para daños personales y ayudas extraordinarias, reduce el requisito de empadronamiento y prevé efectos retroactivos y un plazo extraordinario de solicitud.

Fija los precios de los cargos del sistema eléctrico y otros costes regulados para 2026. También aprueba el reparto de las cantidades para financiar el bono social y el suministro de electricidad de determinados consumidores ese año.

Modifica la Orden JUI/760/2025, que regula las subvenciones directas a entidades del tercer sector y otras entidades de la sociedad civil para trabajar con infancia, adolescencia y juventud en zonas afectadas por la DANA de octubre y noviembre de 2024.

Prorroga varias medidas de protección social y adopta medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. Incluye normas sobre vivienda, energía, pensiones, empleo, impuestos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Modifica la Ley Foral del derecho a la vivienda en Navarra para corregir aspectos técnicos del sistema de adjudicación de viviendas protegidas. También precisa la definición de vivienda deshabitada, introduce el alquiler forzoso para viviendas vacías más de un año y regula la vivienda colaborativa.

Concede una subvención directa a la Comunidad Autónoma de Canarias para atender a personas migrantes menores de edad no acompañadas. Regula la entidad beneficiaria, las actuaciones financiadas, la cuantía, el pago, la justificación y el control del gasto.

Atribuye el número corto 018 al servicio telefónico de atención a víctimas de siniestros de tráfico, gestionado por la Dirección General de Tráfico. El servicio es gratuito, accesible desde todo el Estado y de interés social.

Modifica la Ley 12/2018 de servicios sociales de las Illes Balears para regular el copago de los usuarios en la atención a la dependencia. El copago se configura como prestación patrimonial pública no tributaria (tarifa), adaptando la norma a dos sentencias del Tribunal Supremo.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 11/2025, que establece medidas para reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y para cumplir las obligaciones de la Ley 3/2024, que busca mejorar la calidad de vida de las personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible.

Modifica la orden que creó las unidades administrativas de las oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Actualiza la organización de estas oficinas, incluida la de la Audiencia Nacional y la de víctimas del terrorismo, y adapta la relación de puestos de trabajo.

Modifica el Real Decreto 668/2025, que regula la subvención directa a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para prestar el servicio ATENPRO de teleasistencia móvil a víctimas de violencia contra las mujeres. Ajusta la resolución de concesión y añade un informe de planificación de actuaciones y presupuesto.

Amplía de dos a tres años el plazo máximo de los acuerdos de provisión directa con entidades privadas que prestan servicios sociales de la red pública en Cataluña. Estos acuerdos son un paso provisional mientras las entidades se acreditan e integran en el sistema de concierto social.

Define los criterios generales y operativos que deben cumplir las enfermedades y procesos de alta complejidad y curso irreversible para acogerse a la Ley 3/2024, que busca mejorar la calidad de vida de las personas con ELA y otras enfermedades similares. Incluye un procedimiento para solicitar el reconocimiento de estos criterios y un listado indicativo de enfermedades.

La ley regula el reconocimiento de las víctimas de la violencia y del terrorismo en Extremadura y las actuaciones para localizar, exhumar e identificar restos humanos. También crea la Comisión Técnica de la Concordia y regula el acceso a archivos y la divulgación.

Modifica la Ley 39/2006 de dependencia para adaptar la asistencia personal y la ayuda a domicilio a las necesidades de las personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible. Incluye una supervisión y atención continuada especializada 24 horas en la fase avanzada y regula el reparto de fondos adicionales.

El Tribunal Constitucional mantiene en parte la suspensión de varios artículos de la Ley 5/2024, de concordia de la Comunitat Valenciana, recurrida por el presidente del Gobierno. La suspensión se aplica a los preceptos impugnados mientras se resuelve el recurso de inconstitucionalidad.