Real Decreto 1153/2025, de 17 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias para la protección de las personas migrantes menores de edad no acompañadas.

I

La ruta migratoria a través de las Islas Canarias es una de las rutas migratorias más peligrosas para entrar en la Unión Europea, siendo igualmente una de las más utilizadas. Como muestran los registros de llegadas irregulares de nacionales de terceros países a España, la Comunidad Autónoma de Canarias recibe más del 50 % del total de llegadas a nuestro país. Desde finales de 2020 se ha producido un notable ascenso en el número de llegadas de personas migrantes a esta comunidad autónoma a través de la ruta de África Occidental, hasta alcanzar máximos históricos en los últimos años. Por lo que respecta de forma concreta a niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con los datos más recientes de la Dirección General de Protección a la Infancia de la Comunidad Autónoma de Canarias, 5.037 niños, niñas y adolescentes no acompañados estaban siendo atendidos por dicha entidad pública de protección del menor en agosto de 2025.

El artículo 10.2 de la Constitución Española dispone que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España, lo cual se particulariza en el artículo 39.4 que establece que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. En particular, la Observación general núm. 22 (2017) del Comité de los Derechos del Niño sobre los principios generales relativos a los derechos humanos de los niños en el contexto de la migración internacional reconoce la doble vulnerabilidad de los menores en el contexto de migración internacional, como menores y como menores afectados por la migración y establece que los Estados deben velar por que los menores sean tratados ante todo caso como menores, con independencia de la situación de sus padres o tutores.

En el marco europeo, el Plan de Acción en materia de Integración e Inclusión para el periodo 2021-2027 de la Comisión Europea, desde el cual se promueve la inclusión de todas las personas, reconociendo la importante contribución de las personas migrantes a la Unión Europea y abordando los obstáculos que pueden dificultar la participación e inclusión de las personas de origen migrante en la sociedad europea.

Por su parte, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, dispone en su artículo 2.bis que el Estado garantizará el principio de solidaridad, consagrado en la Constitución, atendiendo a las especiales circunstancias de aquellos territorios en los que los flujos migratorios tengan una especial incidencia.

Asimismo, de conformidad con el artículo 2.ter de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, los poderes públicos promoverán la plena integración de los extranjeros en la sociedad española, en un marco de convivencia de identidades y culturas diversas sin más límite que el respeto a la Constitución y la ley. Igualmente se establece que las Administraciones públicas incorporarán el objetivo de la integración entre personas inmigrantes y sociedad receptora, con carácter transversal a todas las políticas y servicios públicos, promoviendo la participación económica, social, cultural y política de las personas inmigrantes, en los términos previstos en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía y en las demás leyes, en condiciones de igualdad de trato.