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Modifica la ley gallega de prevención y tratamiento de la violencia de género para incluir la violencia digital como una forma de violencia de género. Define la ciberdelincuencia contra la mujer y regula conductas como el acoso por redes sociales, la difusión de imágenes sin consentimiento o la usurpación de identidad.

Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia que reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2022. Incluye cambios en el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio y otros tributos, y modifica varias leyes autonómicas sobre empleo público, medio ambiente, medio rural, movilidad, mar, servicios sociales, vivienda, sanidad y universidades.

Regula la atención temprana en la Región de Murcia: el conjunto de actuaciones dirigidas a menores con alteraciones en su desarrollo o riesgo de tenerlas. Ordena la coordinación entre servicios sociales, sanitarios y educativos, y fija el procedimiento para reconocer, revisar y extinguir el derecho a estos servicios.

La ley regula el sistema de servicios sociales de la Región de Murcia. Establece los derechos de las personas usuarias, el catálogo de prestaciones, la organización territorial y las competencias de la administración autonómica y local. También regula la inspección y el régimen de infracciones y sanciones.

Regula el Tercer Sector Social en Castilla y León: define qué entidades lo forman, crea un censo, fija sus obligaciones y regula su participación en las políticas públicas. También modifica las leyes de Voluntariado, Servicios Sociales y Juventud de la comunidad.

La ley simplifica los trámites administrativos de la Comunidad Autónoma de Galicia y crea instrumentos de apoyo a la inversión empresarial para favorecer la reactivación económica tras la pandemia. Regula también la evaluación ambiental, las autorizaciones de instalaciones eléctricas, medidas urbanísticas y la gestión de fondos de recuperación.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2021. Incluye bonificaciones en la tasa de juegos de azar por la pandemia y beneficios fiscales en la compra de vivienda habitual para víctimas de violencia de género, además de modificar varias leyes autonómicas.

Modifica la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León para cambiar la regulación del servicio de teleasistencia que prestan las entidades locales. Establece un régimen transitorio para ese servicio y deroga las normas anteriores que se opongan.

Modifica las normas de la renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León para permitir que se pueda cobrar junto con el ingreso mínimo vital. Así, cuando el ingreso mínimo vital sea inferior a la renta garantizada, esta última complementa la diferencia.