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Modifica el artículo 8 de la Ley 21/2000 de Cataluña, que regula cómo se formaliza el documento de voluntades anticipadas. Cambia los requisitos para otorgarlo, de modo que no sea necesario ir ante notario ni reunir tres testigos.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

Establece medidas organizativas para la atención sociosanitaria en Cataluña, que combina servicios sociales y sanitarios. Modifica normas sobre contratación de servicios sanitarios y sobre la cartera de servicios sociales, y fija la gestión conjunta de esta prestación.

Crea y regula la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que controla el cumplimiento de los requisitos de la ayuda para morir y resuelve reclamaciones. También crea el Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia para la prestación de ayuda para morir.

Establece que el Departamento de Justicia debe facilitar al Departamento de Salud los datos identificativos y de contacto del personal que trabaja o colabora en centros penitenciarios y centros educativos de justicia juvenil. El fin es gestionar y hacer seguimiento de las pruebas diagnósticas de la COVID-19 en estas personas.

Establece la obligación de informar y comunicar datos para ejecutar la estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en Cataluña. También modifica el artículo 2 del Decreto-ley 12/2020, de 10 de abril, sobre medidas presupuestarias en relación con el sistema sanitario.