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Declara servicio esencial el alojamiento turístico para dar cobijo y comida a trabajadores que realizan labores esenciales durante el estado de alarma por el COVID-19. También permite alojar en casos excepcionales y que otros alojamientos presten el servicio.

Aclara que las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas pueden habilitar espacios para uso sanitario en hoteles, alojamientos turísticos, campings y otros locales similares, incluidos los Paradores, aunque estén cerrados al público por la suspensión de apertura. Estos espacios pueden usarse para consulta u hospitalización.

Establece medidas organizativas en residencias de mayores y centros sociosanitarios durante la crisis del COVID-19. Clasifica a los residentes según síntomas y contacto, regula el aislamiento, la asignación del personal y la limpieza de las zonas de riesgo.

Establece medidas urgentes para reducir el impacto económico y social del COVID-19. Incluye apoyo a trabajadores, familias y colectivos vulnerables, ajustes temporales de empleo para evitar despidos, liquidez para empresas y autónomos, y apoyo a la investigación.

Modifica el real decreto que declaró el estado de alarma por el COVID-19. Ajusta las actividades permitidas para circular, la suspensión de comercios y locales, el transporte de mercancías y los plazos administrativos y tributarios.

La Instrucción establece que el Ministerio de Defensa apoye al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 durante el estado de alarma por el COVID-19. El apoyo se centra en la protección de las personas sin hogar y de los asentamientos chabolistas, siguiendo las órdenes e instrucciones de ese Ministerio.

Amplía cuatro años, hasta mayo de 2024, la suspensión de los desalojos de vivienda habitual para personas en situación de especial vulnerabilidad. También modifica la ley de reestructuración de entidades de crédito y adopta medidas de protección de la salud pública.

La ley aprueba medidas administrativas y tributarias de Castilla-La Mancha vinculadas a los presupuestos de 2020. Modifica la Ley 22/2002 del Instituto de la Mujer y la Ley 8/2013 de medidas tributarias, y regula aspectos de personal y organización de la Administración regional.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materias como tasas, igualdad, servicios sociales, vivienda, hacienda, justicia, sanidad, educación, economía, agricultura, territorio y transparencia. También reorganiza entes del sector público instrumental y crea el Observatorio Fiscal de la Comunitat Valenciana.

Modifica varias leyes de Cantabria para adaptar tasas y precios públicos, tributos cedidos y normas administrativas. Incluye cambios en materia de aguas, pesca, transporte, función pública, patrimonio cultural, farmacia, deporte, igualdad y urbanismo.