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Establece medidas económicas, fiscales y administrativas en Canarias para responder a la crisis del COVID-19. Incluye apoyo a autónomos y al empleo, agilización de contratos y subvenciones, gestión presupuestaria, medidas de personal y ajustes fiscales y educativos.

Suspende durante un plazo máximo de dieciocho meses la instalación y apertura de nuevos salones recreativos, locales de apuestas externas y espacios de apuestas en casinos y salas de bingo. También modifica la Ley 8/2010 de Juegos y Apuestas de Canarias.

Crea el ingreso canario de emergencia (ICE), una ayuda económica para personas en situación de vulnerabilidad por la crisis del COVID-19. También flexibiliza la tramitación de la prestación canaria de inserción (PCI), actualiza sus cuantías y establece medidas sobre vivienda protegida y alquileres.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar la administración pública en las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Incluye cambios en licencias de obras, ayudas, contratación de personal, compras sanitarias y normas fiscales y presupuestarias.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras el estado de alarma por el COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos, aspectos concursales y societarios, y el uso de medios telemáticos en los actos judiciales.

Modifica varias leyes de la Región de Murcia en materia de puertos, taxi, vivienda y urbanismo para hacer frente al impacto social y económico del COVID-19. Incluye ayudas para reparar viviendas dañadas por movimientos sísmicos y regula exenciones y bonificaciones.

Modifica la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia y el Decreto 48/1998 sobre protección frente al ruido. Regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, desde la solicitud de inicio hasta la aprobación y publicidad.

Modifica la Ley de Hacienda de Castilla y León para añadir un nuevo supuesto en el que el remanente de tesorería puede destinarse a financiar gastos del ejercicio. Se aplica cuando hay una emergencia de salud pública declarada que provoque un aumento imprevisto y súbito del gasto público.

Permite que la consejería que tutela SODERCAN, S.A. se encargue de comprobar requisitos y obligaciones de los beneficiarios y de apoyar la instrucción y tramitación de las ayudas del COVID-19. Se aplica también a las ayudas de la Orden INN/11/2020 (cheques de resistencia) para microempresas y autónomos.