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La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 4 c) del Decreto-ley 11/2020 de las Illes Balears, que creó un régimen sancionador para incumplir las normas dictadas durante la crisis de la COVID-19. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra un inciso de la ley vasca de gestión de la pandemia de covid-19 que extendía a la vacunación el régimen de las pruebas diagnósticas. El recurso se extingue porque ha perdido su objeto.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley del Parlamento Vasco 2/2021, de medidas para la gestión de la pandemia de covid-19. Declara nulos los preceptos que habilitan a órganos autonómicos a adoptar medidas preventivas y tipificar infracciones en salud pública, y extiende esa nulidad a otros preceptos por conexión o consecuencia.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra el Decreto-ley 11/2021 de Canarias, que regulaba la alerta sanitaria y las medidas frente a la covid-19. Declara nulos los preceptos que habilitaban a órganos autonómicos para adoptar medidas preventivas y tipificar infracciones en salud, y extiende la nulidad a otros preceptos por conexión.

Modifica el funcionamiento del Fondo de recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19. Cambia la composición del Comité Técnico de Inversiones, que pasa a tener 10 miembros, y concentra el seguimiento de los instrumentos financieros en la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 1.1 del Decreto-ley 5/2021 de las Illes Balears, que modificaba la Ley de salud pública autonómica. Declara nulos los preceptos que habilitaban a órganos autonómicos a adoptar medidas preventivas y tipificar infracciones en salud pública, por invadir límites materiales de los decretos-leyes autonómicos.

Prorroga la aplicación del tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario para bienes y operaciones destinados a la recuperación de La Palma tras el volcán y para combatir los efectos del COVID-19. La medida se extiende hasta el 30 de septiembre de 2024.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y anula el Real Decreto 378/2022, que regulaba la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social. Las subvenciones afectadas sumaban 102.036.066 euros y se enmarcaban en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 16/2021, que permitía a los jueces suspender hasta el 31 de octubre de 2021 el lanzamiento de personas que ocupaban una vivienda habitual sin título, salvo que hubiera intimidación o violencia.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2024, con la totalidad de ingresos y gastos del sector público autonómico. Incluye normas sobre gastos de personal, gestión del gasto, operaciones financieras y actualización de tributos propios.

Prorroga la aplicación del tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario para la recuperación de actividades en la isla de La Palma tras la erupción volcánica y para combatir los efectos del COVID-19.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 15 y el punto sexto de la disposición final primera del Real Decreto-ley 8/2021. Declara que la medida cumple los límites del decreto-ley: existe justificación de urgencia y conexión con la situación que se regula.

La Diputación Permanente del Congreso convalida el Real Decreto-ley 5/2023, que mantiene y prorroga medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, apoya la reconstrucción de La Palma y atiende otras situaciones de vulnerabilidad. También incorpora al ordenamiento español directivas europeas sobre modificaciones estructurales de sociedades y conciliación de la vida familiar y laboral.

Declara terminada la situación de crisis sanitaria provocada por la COVID-19 en España. Ordena publicar el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de julio de 2023 que así lo establece.

Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.