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Modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para regular la multirreincidencia en delitos contra el patrimonio. Introduce cambios en varios artículos del Código Penal y nuevos supuestos agravados, como el robo de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos con datos personales.

Establece las reglas por las que España y Jordania se entregan mutuamente a personas reclamadas para ser juzgadas o para cumplir una pena. Fija los delitos que permiten la extradición, los motivos para denegarla y el procedimiento de solicitud, detención y entrega.

Establece el marco para que España ejecute las penas de prisión impuestas por la Corte Penal Internacional. Regula el procedimiento de designación de España, el traslado de la persona condenada, la supervisión de la pena y las condiciones de reclusión.

El Convenio de Extradición entre España y Mauritania, firmado en Madrid el 12 de septiembre de 2006, entra en vigor el 1 de septiembre de 2025. Se completa así la publicación hecha en el Boletín Oficial del Estado en 2006.

El Convenio entre España y Mauritania sobre asistencia a personas detenidas y traslado de personas condenadas entra en vigor el 1 de septiembre de 2025. La norma comunica esta fecha tras completarse las notificaciones previstas en el propio Convenio.

El Convenio de asistencia judicial en materia penal entre España y Mauritania, firmado en Madrid el 12 de septiembre de 2006, entra en vigor el 1 de septiembre de 2025. Se completa así la publicación hecha en el Boletín Oficial del Estado en 2006.

Establece un acuerdo entre España y Nigeria para que las personas condenadas en uno de los dos países puedan cumplir su pena de prisión en el otro. Fija las condiciones, el procedimiento y las autoridades que gestionan las solicitudes de traslado.

Establece un marco de asistencia judicial mutua entre España y Nigeria en materia penal. Regula cómo se solicitan, tramitan y ejecutan las peticiones de ayuda entre ambos países para prevenir, investigar y perseguir delitos, incluidos los fiscales y los relacionados con el terrorismo.

El Boletín Oficial del Estado publica una enmienda al artículo 39 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La enmienda añade un texto sobre la sustitución de un magistrado en las Salas, conforme a las Reglas de Procedimiento y Prueba.

Reorganiza la Justicia para crear los Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios, y regula los medios adecuados de solución de controversias fuera de los tribunales. También modifica varias leyes procesales para adaptarlas a esta nueva organización.

Regula el derecho de defensa de las personas en cualquier situación de controversia jurídica, con especial atención al ámbito penal. Fija su contenido, las garantías de la asistencia jurídica y los deberes y garantías de los profesionales de la abogacía.

Modifica la ley que regula el intercambio de antecedentes penales entre países de la Unión Europea para adaptarla al sistema europeo ECRIS. Incluye datos como la imagen facial y las huellas, y regula la identificación de condenas de nacionales de terceros países.

Modifica el Real Decreto 95/2009, que regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ). El cambio busca que la información penal sobre profesionales con inhabilitación o prohibición para ejercer en el ámbito docente y sanitario pueda enviarse al mecanismo de alerta europeo (IMI).

España notifica al Consejo de Europa que la Fiscalía Europea se considera autoridad judicial en el marco del Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal y sus dos Protocolos Adicionales. La declaración fija cómo se interpretan las solicitudes de asistencia judicial que emite o recibe la Fiscalía Europea.

Establece un acuerdo entre España y Qatar para que las personas condenadas a pena de privación de libertad en uno de los dos países puedan cumplir su condena en su país de origen. Regula las condiciones, el procedimiento y las autoridades que gestionan las solicitudes de traslado.

Aprueba medidas urgentes para ejecutar el Plan de Recuperación con fondos europeos. Regula la digitalización de la justicia, cambios en el empleo público, la reforma de la ley de régimen local y los incentivos fiscales al mecenazgo.

Modifica el Reglamento de Armas para actualizar el control sobre la adquisición, tenencia y uso de armas. Cambia el registro de datos sobre armas y las obligaciones de identificación de sus propietarios ante la Guardia Civil.

Modifica el Código Penal en materia de delitos contra la libertad sexual para evitar que en casos graves se apliquen las penas mínimas de los nuevos marcos penales. También corrige omisiones sobre responsabilidad penal de personas jurídicas y sobre la difusión de contenidos que incitan a agresiones sexuales a menores de dieciséis años.