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Regula el certificado de conductor para el transporte público internacional de mercancías por carretera. Establece cuándo es obligatorio, cómo se expide y su contenido, características y plazo de validez. Deroga la normativa anterior sobre esta materia.

Modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres para permitir que las empresas de transporte público de mercancías establecidas en España usen vehículos matriculados en otro Estado miembro. Concreta cómo acreditar que el vehículo es propio o está en arrendamiento.

Modifica la Orden FOM/606/2018 para incluir la actividad de expedición de mercancías peligrosas en el informe anual de las empresas y actualiza el modelo de comunicación de consejeros de seguridad del Real Decreto 97/2014. Adapta así la normativa española a la enmienda de 2019 del Acuerdo ADR.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, que recoge medidas de sostenibilidad económica en el transporte, en becas y ayudas al estudio, y de ahorro, eficiencia energética y reducción de la dependencia del gas natural.

Establece medidas para abaratar el transporte público, con bonificaciones del 50% en abonos ferroviarios y ayudas a empresas de autobuses y ferrocarril por la subida de carburantes. También crea complementos para becas y ayudas al estudio, y fija planes de ahorro energético en climatización y fomento del autoconsumo eléctrico.

Modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y la norma sobre cualificación de conductores. Exime de autorización administrativa a ciertos vehículos de mercancías con combustibles alternativos y elimina el requisito de antigüedad media de la flota para las autorizaciones de transporte público de mercancías.

Modifica los anexos I, III, IV y VI del Real Decreto 983/2021, que regula ayudas a comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla para renovar flotas de transporte de viajeros y mercancías. Cambia requisitos y cuantías de las actividades de achatarramiento y otras actuaciones subvencionables.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de ASTAC Catalunya contra el Real Decreto 70/2019, que modificaba normas sobre formación de conductores de transporte por carretera y documentos de control. Anula el artículo 2, apartado 22, en el primer párrafo de su segundo apartado, que daba nueva redacción al artículo 44 del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres. Rechaza el resto del recurso y no impone costas.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso del Comité Nacional de Transporte por Carretera contra el Real Decreto 70/2019, que modificaba normas sobre formación de conductores y control del transporte por carretera. Anula el artículo 98 de ese real decreto y no impone costas.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y anula un apartado del Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero. Ese apartado regulaba la formación de los conductores de vehículos de transporte por carretera. La anulación afecta solo al inciso impugnado.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 26/2020, que recoge medidas de reactivación económica frente al impacto del COVID-19 en transportes y vivienda. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Establece medidas para reactivar la economía tras el impacto del COVID-19 en transportes y vivienda. Incluye normas sobre gestión de pasajeros aéreos, ajustes en tasas portuarias, moratorias de préstamos para transporte por carretera y facilidades para el alquiler asequible.

Establece cómo se reparten las mascarillas FFP2 compradas por el Ministerio de Transportes entre las empresas de transporte de viajeros y mercancías. Fija cuántas mascarillas corresponden a cada tipo de autorización de transporte según los vehículos adscritos.

Establece las normas para conceder, mantener, suspender y revocar las licencias de explotación de servicios aéreos a las compañías aéreas en España. Fija los requisitos y el procedimiento, con formularios para la tramitación electrónica, y deroga la orden de 1998 que regulaba esta materia.