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Modifica la Instrucción 6/2011 de la Junta Electoral Central para que ser madre o padre de menores de catorce años en una familia monoparental sea causa que pueda justificar la excusa de formar parte de una mesa electoral. Exige acreditar documentalmente esta circunstancia.

La Junta Electoral Central fija cómo deben comunicarse las encuestas sobre intención de voto que hagan organismos públicos durante periodos electorales. Deben avisar a la Junta antes de empezar el trabajo de campo y poner los resultados a disposición de los partidos que se presentan.

Modifica la Instrucción 6/2011 de la Junta Electoral Central sobre las excusas para no formar parte de las Mesas electorales. Actualiza los supuestos de embarazo, riesgo durante el embarazo o la lactancia y cuidado de menores, y permite a las Juntas Electorales de Zona valorar situaciones análogas.

La Instrucción exige que el elector entregue personalmente en las oficinas de Correos la documentación del voto por correspondencia y se identifique con un documento válido. Si no puede acudir, otra persona puede entregarla con una autorización firmada y fotocopia del documento del elector. Los sobres de voto por correo recogidos en buzones no son válidos.

Permite a las personas designadas para una Mesa electoral presentar sus excusas por vía electrónica, mediante una aplicación del Ministerio del Interior, además del formato impreso. Las Juntas Electorales de Zona usan esa aplicación para tramitar las excusas.

Establece cómo los representantes de candidaturas electorales pueden acceder por internet a las copias del censo electoral vigente, en lugar de recibirlas en CD-ROM. Fija los pasos: las juntas electorales envían las candidaturas proclamadas a la Oficina del Censo Electoral y los representantes solicitan el acceso en dos días.

La Instrucción 1/2023 de la Junta Electoral Central regula el procedimiento de votación de los electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), tras la modificación de la Ley Orgánica 12/2022. Establece los envíos de documentación electoral, la descarga telemática de papeletas y el depósito del voto en urna en consulados.

Fija criterios sobre el envío de propaganda electoral sin identificar al destinatario (buzoneo). Permite usar tarifas postales especiales con el límite de un envío por elector y declara que su coste es gasto electoral, pero no puede recibir la subvención pública para envíos personalizados.