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El Tribunal Supremo estima el recurso de la Comunidad de Aragón y anula el Real Decreto 662/2024, que regulaba la instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en embalses de dominio público hidráulico gestionados por el Estado y modificaba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. La norma queda sin efecto por no ser conforme a Derecho.

Aprueba medidas urgentes para la recuperación tras la DANA de octubre y noviembre de 2024. Incluye préstamos y avales del ICO, apoyo a la industria y el turismo, aplazamientos de cotizaciones a la Seguridad Social, ayudas frente a inundaciones y subvenciones al sector cultural.

Regula cómo se obtiene, se mantiene y se pierde el título de entidad colaboradora de la administración hidráulica (ECAH). Estas entidades certifican datos sobre extracción de agua, vertidos, calidad de las aguas y seguridad de presas y embalses ante los organismos de cuenca.

Crea el Registro de Seguridad de Presas y Embalses de la Administración General del Estado. En él se inscriben las presas y embalses que superan los 5 metros de altura o los 100.000 metros cúbicos de capacidad, y se anotan las resoluciones e informes sobre su seguridad.

Regula los sistemas electrónicos para medir y controlar el agua que se capta de ríos y acuíferos, la que retorna al dominio público hidráulico y la que se vierte. Establece tipos de captaciones, categorías de aprovechamientos, requisitos técnicos de los medidores y frecuencias de envío de datos a los organismos de cuenca.

Aprueba el Reglamento de reutilización del agua, que regula cómo se producen, suministran y usan las aguas regeneradas. Establece autorizaciones y concesiones, requisitos de calidad, control del riesgo y régimen sancionador, y modifica otras normas sobre gestión del agua.

Establece el régimen para instalar plantas fotovoltaicas flotantes en embalses de dominio público hidráulico gestionados por el Estado. Modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico para regular la tramitación de concesiones y las condiciones ambientales.

Modifica las normas de navegación en el embalse de Orellana para prohibir las embarcaciones a motor en la zona situada aguas abajo de una línea marcada por cuatro puntos con coordenadas. Se exceptúan los barcos de la Confederación, de cuerpos de seguridad y emergencias y los autorizados expresamente.

Prohíbe de forma indefinida la navegación en cualquier modalidad y la flotación con artefactos como patos, drones o tablas en los embalses de Horno Tejero, Boquerón y Villar del Rey. La medida busca evitar la propagación de la especie invasora Ludwigia. Solo se exceptúan las embarcaciones de la Confederación para controlar y retirar la especie.

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en impuestos cedidos, como deducciones en el IRPF para familias, y modifica normas sobre empleo público, vivienda, medio rural, aguas, transporte, pesca, servicios sociales, sanidad y comercio.

Modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, el Reglamento de la Administración Pública del Agua y el Real Decreto 9/2005 sobre suelos contaminados. Actualiza la gestión del agua continental y del dominio público hidráulico, con medidas de simplificación administrativa y digitalización.

Declara 67 nuevas reservas hidrológicas y amplía 2 ya existentes en las cuencas de ríos compartidas entre varias comunidades autónomas. Estas reservas se incluyen en el Catálogo Nacional de Reservas Hidrológicas, con sus límites y situación geográfica.

Regula la gestión del ciclo integral del agua en Galicia: abastecimiento, saneamiento y depuración. Ordena las aglomeraciones urbanas, la prestación de los servicios y la actuación de Augas de Galicia. Crea cánones para financiar la gestión de depuradoras, redes de colectores y abastecimientos.

La ley introduce en la normativa estatal la figura de la persona consumidora vulnerable, que requiere protección especial en sus relaciones de consumo. Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas para atender situaciones de vulnerabilidad social y económica.