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Modifica la norma que regula el pago de obligaciones de la Administración General del Estado. Ajusta el alta de datos de terceros y la expedición de propuestas de pago, y añade reglas sobre su tamaño según el capítulo de gasto. Incluye una disposición transitoria sobre compensación de deudas.

Modifica la Orden ETD/389/2022, que regula los tipos de cuentas de la Administración General del Estado y del resto de entidades cuyos recursos integran el Tesoro Público. Amplía el ámbito de aplicación, añade un nuevo supuesto de cuenta restringida de ingresos y establece la obligación de comunicar cuentas al Tesoro Público.

Establece las condiciones generales de las operaciones con las que el Tesoro Público cede temporalmente su liquidez al mercado: adquisición temporal de activos y depósitos a plazo en entidades financieras. Regula los tipos de operación, los plazos, el rendimiento y los procedimientos de subasta y negociado.

Regula qué se hace con las monedas de euro que no sirven para circular y con las monedas falsas que el Banco de España pone a disposición del Tesoro. Establece su retirada, entrega a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, desmonetización o destrucción y el destino del material resultante.

Modifica el real decreto que organiza el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Cambia la estructura de sus órganos, en especial en la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, y suprime algunos órganos.

Autoriza la creación de Deuda del Estado durante 2023 y enero de 2024 y fija cómo se emite, se subasta y se paga. Establece el límite de aumento del saldo vivo de la deuda y las condiciones de las emisiones.

Modifica los modelos de la cuenta de gestión que rinden los servicios del exterior del Estado. Añade campos para registrar los traspasos de fondos entre servicios del exterior cuando no se puedan mover fondos desde España a otro país.

Regula los tipos de cuentas donde se sitúan los fondos de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y otras entidades del sector público administrativo estatal. Establece cómo se autoriza su apertura, uso y cancelación, y el control de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

Regula cómo la Administración General del Estado realiza los pagos en el exterior y los pagos en divisas a través del Cajero de Pagos en el exterior y de Pagos en divisas. Distingue entre pagos en firme, pagos a justificar y pagos para reposiciones de anticipos de caja fija.

Regula cómo la Administración General del Estado realiza los pagos en el exterior y los pagos en divisas (monedas distintas del euro). Establece los procedimientos según si la obligación se contrajo en euros o en divisas, la información sobre los pagos y los reintegros al Tesoro Público.

Regula el procedimiento para hacer ciertos pagos de la Administración General del Estado a través de agentes mediadores. Obliga a los centros gestores a indicar en los documentos contables si los derechos de cobro son embargables o no. Sustituye a la resolución de 2016 y actualiza las referencias a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

Autoriza la creación de Deuda del Estado durante 2021 y enero de 2022 y fija cómo se emite, se subasta y se paga. Establece el límite de aumento del saldo vivo de la deuda y el calendario y procedimiento de las subastas.

Modifica la norma que regula el pago de obligaciones de la Administración General del Estado. Añade la obligación de indicar en las propuestas de pago si los derechos de cobro son embargables o no, y aclara qué órganos pueden expedir propuestas de mandamiento de pago. También actualiza las referencias a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

Aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos, que regula cómo se constituyen, cancelan, devuelven e incautan garantías y depósitos ante este órgano. Establece las reglas de procedimiento y las distintas formas de garantía: efectivo, aval, seguro de caución y valores de deuda pública.

Establece las condiciones financieras de los préstamos que los ayuntamientos, diputaciones y consejos insulares pueden hacer voluntariamente a la Administración General del Estado con sus remanentes de tesorería. El tipo de interés no podrá superar el coste de financiación de la Deuda del Estado y el plazo es de diez años.