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Regula la Presidencia y el Gobierno de Canarias: cómo se elige y nombra al presidente o presidenta, sus funciones, deberes y derechos, el cese y la suplencia. También ordena la composición y el funcionamiento del Gobierno, sus atribuciones y sus relaciones con el Parlamento de Canarias.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2023, fijando los gastos e ingresos de la Administración vasca y de sus organismos, entes, sociedades, fundaciones y consorcios públicos. Incluye normas sobre créditos, retribuciones del personal, aportaciones de las diputaciones forales y gestión de fondos del Plan de Recuperación.

Fija las instrucciones para pagar al personal del sector público estatal un aumento adicional del 1,5 % en sus retribuciones, con efectos desde el 1 de enero de 2022. El aumento se abona en la nómina de noviembre de 2022, junto con los atrasos de enero a octubre. También indica cómo se solicitan los atrasos en casos de cambio de destino, jubilación, fallecimiento o personal laboral.

Regula la transparencia de la actividad pública de la Generalitat Valenciana y el derecho de acceso a la información pública. Establece obligaciones de publicidad activa, un Portal de Transparencia y reglas de buen gobierno para los altos cargos. Crea el Consejo Valenciano de Transparencia y un régimen sancionador.

Reúne en un solo texto las normas que regulan el Presidente o Presidenta y el Gobierno de Aragón. Ordena sus funciones, su forma de funcionar, el régimen del Gobierno en funciones y cómo elabora leyes y reglamentos.

Modifica la Ley 8/2015 de Cabildos Insulares para aclarar cómo se nombra a los titulares de los órganos directivos de los cabildos y qué condición tienen (cargo público). También deroga normas anteriores y fija cuándo entra en vigor.

Modifica el artículo 68 de la Ley Foral 14/2004, que regula la situación de cargos públicos electos o de libre designación investigados por delitos de corrupción. Establece que, al conocer un auto judicial que les atribuye la condición de investigados por determinados delitos del Código Penal, su permanencia en el cargo se entiende incompatible con la confianza ciudadana y el prestigio institucional.

Retrasa del 20 de abril al 20 de octubre de 2020 la fecha desde la que los altos cargos deben relacionarse solo por medios electrónicos con la Oficina de Conflictos de Intereses. Hasta entonces podrán presentar sus declaraciones también en papel o en registros.

Establece el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito: su definición, las actividades que pueden realizar, los requisitos para obtener y mantener la autorización, las obligaciones de solvencia e información y las reglas de supervisión. También modifica el Reglamento del Registro Mercantil y otra norma sobre entidades de crédito.

Modifica la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Cambia la forma de elegir al Presidente de la Junta y remite la limitación de sus mandatos a lo que establezcan la Constitución Española o las leyes del Estado.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materias como tasas, igualdad, servicios sociales, vivienda, hacienda, justicia, sanidad, educación, economía, agricultura, territorio y transparencia. También reorganiza entes del sector público instrumental y crea el Observatorio Fiscal de la Comunitat Valenciana.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2020, fijando los gastos e ingresos de la Administración vasca y de sus organismos, sociedades y fundaciones públicas. Incluye normas sobre créditos, retribuciones del personal, aportaciones de las diputaciones forales y tasas.

Deroga el apartado 5 del artículo 3 bis de la Ley Foral 19/1996, que regulaba un complemento personal para funcionarios de Navarra que hubieran ocupado altos cargos. Desde la entrada en vigor, esos funcionarios dejan de percibir ese complemento.