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La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

El Tribunal Supremo estima el recurso de una persona contra el Real Decreto 668/2022, que modificaba el Reglamento General de Costas. La sentencia declara nulo de pleno derecho ese real decreto por no ajustarse al ordenamiento jurídico e impone las costas a la Administración General del Estado.

Aprueba las estrategias marinas de segundo ciclo para las cinco demarcaciones marinas españolas: noratlántica, sudatlántica, del Estrecho y Alborán, levantino-balear y canaria. Son planes de protección del medio marino que deben actualizarse cada seis años y a los que deben ajustarse las políticas con incidencia en el mar.

Regula la protección y ordenación de la costa de la Comunitat Valenciana. Establece instrumentos de planificación, zonas de uso del litoral, un catálogo de playas y un régimen de inspección y sanciones.

La ley establece medidas para simplificar los trámites administrativos en Cantabria. Regula los plazos para resolver procedimientos, el silencio administrativo, los informes sectoriales y la declaración responsable para actividades económicas. También crea los Proyectos Empresariales Estratégicos y la Unidad Aceleradora de Proyectos.

Aprueba el acuerdo por el que el Estado transfiere al País Vasco las funciones y servicios sobre ordenación y gestión del litoral. El traspaso se hace efectivo en la fecha que fija el propio acuerdo.

El Tribunal Supremo estima el recurso contra el Real Decreto 668/2022, que modificaba el Reglamento General de Costas, y lo declara nulo de pleno derecho por no ajustarse al ordenamiento jurídico. Ordena publicar el fallo en el BOE.

Modifica varias leyes de Cantabria en materia fiscal y administrativa. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas, subvenciones, servicios sociales, sanidad, empleo, urbanismo y turismo, entre otras materias.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de Pontevedra sobre dos puntos de la Ley de medidas fiscales y administrativas de Galicia de 2022. Abre un plazo para que las partes del procedimiento judicial puedan personarse ante el Tribunal.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos de la Ley 4/2023, de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra tres preceptos de la Ley de medidas fiscales y administrativas de Galicia de 2022. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, esos preceptos quedan suspendidos.

La ley regula la ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia. Establece instrumentos de planificación, zonas de uso con distintos niveles de protección y reglas de intervención administrativa. También crea órganos de coordinación y regula la inspección y las sanciones.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

Aprueba cinco planes de ordenación del espacio marítimo, uno por cada demarcación marina española. Estos planes ordenan las actividades humanas en el mar para hacerlas compatibles con la protección del medio marino y el desarrollo de los sectores marítimos.

Aprueba el Plan Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España y fija criterios mínimos comunes para gestionar esa red de forma coordinada y coherente. También modifica dos reales decretos sobre especies silvestres y sobre integración de espacios marinos protegidos.

Aprueba el acuerdo por el que el Estado traspasa a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears funciones y servicios sobre ordenación y gestión del litoral. Incluye la gestión del dominio público marítimo-terrestre, obras en el litoral que no sean de interés general y la policía administrativa en esa zona.

Aprueba el acuerdo por el que el Estado transfiere a Canarias funciones y servicios sobre ordenación y gestión del litoral. Incluye la gestión de autorizaciones y concesiones en dominio público marítimo-terrestre y la aprobación de planes de uso del litoral y playas.

La ley regula la ordenación del territorio y el urbanismo en Cantabria. Establece los instrumentos de planificación territorial y urbanística, las clases de suelo y su régimen, la gestión y ejecución del planeamiento, la intervención en la edificación y el uso del suelo, y la disciplina urbanística.