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Aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta que amplía los medios patrimoniales (bienes) adscritos a las funciones de ordenación y gestión del litoral que el Estado traspasó a la Generalitat de Cataluña en 2007 y 2008. La ampliación será efectiva desde la fecha que fije el acuerdo.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del Presidente del Gobierno contra varios preceptos de la Ley 3/2025, de protección y ordenación de la costa valenciana. El recurso se refiere al artículo 17, la disposición final primera y la disposición adicional cuarta, en lo relativo a conjuntos de edificaciones en la costa. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida la vigencia y aplicación de esos preceptos.

Aprueba el traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las funciones y servicios de ejecución de la legislación del Estado sobre salvamento marítimo en las aguas interiores y territoriales de su litoral. El traspaso incluye la potestad sancionadora y se formaliza mediante un acuerdo de la Comisión Mixta.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

El Tribunal Supremo estima el recurso de una persona contra el Real Decreto 668/2022, que modificaba el Reglamento General de Costas. La sentencia declara nulo de pleno derecho ese real decreto por no ajustarse al ordenamiento jurídico e impone las costas a la Administración General del Estado.

Aprueba las estrategias marinas de segundo ciclo para las cinco demarcaciones marinas españolas: noratlántica, sudatlántica, del Estrecho y Alborán, levantino-balear y canaria. Son planes de protección del medio marino que deben actualizarse cada seis años y a los que deben ajustarse las políticas con incidencia en el mar.

Regula la protección y ordenación de la costa de la Comunitat Valenciana. Establece instrumentos de planificación, zonas de uso del litoral, un catálogo de playas y un régimen de inspección y sanciones.

La ley establece medidas para simplificar los trámites administrativos en Cantabria. Regula los plazos para resolver procedimientos, el silencio administrativo, los informes sectoriales y la declaración responsable para actividades económicas. También crea los Proyectos Empresariales Estratégicos y la Unidad Aceleradora de Proyectos.

Aprueba el acuerdo por el que el Estado traspasa a la Comunidad Autónoma de Galicia las funciones y servicios sobre ordenación y gestión del litoral. El traspaso será efectivo desde la fecha que fija el propio acuerdo.

Integra en la Red de Áreas Marinas Protegidas de España dos nuevas zonas de especial protección para las aves marinas: el Corredor migratorio galaico-cantábrico occidental y el Estrecho Occidental. A la vez, suprime de esa red seis zonas anteriores que han quedado incluidas en las nuevas.

Aprueba el acuerdo por el que el Estado transfiere al País Vasco las funciones y servicios sobre ordenación y gestión del litoral. El traspaso se hace efectivo en la fecha que fija el propio acuerdo.

El Tribunal Constitucional declara extinguida una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos preceptos de la Ley gallega 7/2022, de medidas fiscales y administrativas. La extinción se debe a que uno de esos preceptos ya fue anulado por una sentencia anterior del propio Tribunal.

El Tribunal Constitucional anula varios preceptos de la Ley de Galicia 7/2022 que fijaban en quince años el plazo para exigir la reposición de la legalidad en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre y regulaban el inicio de ese cómputo. La anulación se extiende a otros preceptos de la misma ley por conexión.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra la Ley gallega 4/2023, de ordenación y gestión integrada del litoral. Declara nulos algunos preceptos sobre caladeros y vertido de aguas residuales, y da una interpretación conforme a la Constitución a otro sobre ocupación del dominio público por la cadena mar-industria.

El Tribunal Supremo estima el recurso contra el Real Decreto 668/2022, que modificaba el Reglamento General de Costas, y lo declara nulo de pleno derecho por no ajustarse al ordenamiento jurídico. Ordena publicar el fallo en el BOE.

El Tribunal Constitucional mantiene en parte la suspensión de varios artículos de la Ley de Galicia 7/2022, que regula medidas fiscales y administrativas. La suspensión afecta a los artículos 10 y 11 y a la disposición transitoria primera, en relación con la zona de servidumbre de protección de costas.

El Tribunal Constitucional decide mantener en parte la suspensión de varios preceptos de la Ley gallega de ordenación y gestión integrada del litoral, recurrida por el presidente del Gobierno. La suspensión se aplica a los preceptos impugnados mientras se resuelve el recurso.

Modifica varias leyes de Cantabria en materia fiscal y administrativa. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas, subvenciones, servicios sociales, sanidad, empleo, urbanismo y turismo, entre otras materias.