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Aprueba el traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las funciones y servicios de ejecución de la legislación del Estado sobre salvamento marítimo en las aguas interiores y territoriales de su litoral. El traspaso incluye la potestad sancionadora y se formaliza mediante un acuerdo de la Comisión Mixta.

Aprueba las estrategias marinas de segundo ciclo para las cinco demarcaciones marinas españolas: noratlántica, sudatlántica, del Estrecho y Alborán, levantino-balear y canaria. Son planes de protección del medio marino que deben actualizarse cada seis años y a los que deben ajustarse las políticas con incidencia en el mar.

Aprueba el acuerdo por el que el Estado traspasa a la Comunidad Autónoma de Galicia las funciones y servicios sobre ordenación y gestión del litoral. El traspaso será efectivo desde la fecha que fija el propio acuerdo.

Integra en la Red de Áreas Marinas Protegidas de España dos nuevas zonas de especial protección para las aves marinas: el Corredor migratorio galaico-cantábrico occidental y el Estrecho Occidental. A la vez, suprime de esa red seis zonas anteriores que han quedado incluidas en las nuevas.

Aprueba el acuerdo por el que el Estado transfiere al País Vasco las funciones y servicios sobre ordenación y gestión del litoral. El traspaso se hace efectivo en la fecha que fija el propio acuerdo.

Aprueba cinco planes de ordenación del espacio marítimo, uno por cada demarcación marina española. Estos planes ordenan las actividades humanas en el mar para hacerlas compatibles con la protección del medio marino y el desarrollo de los sectores marítimos.

Aprueba el Plan Director de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España y fija criterios mínimos comunes para gestionar esa red de forma coordinada y coherente. También modifica dos reales decretos sobre especies silvestres y sobre integración de espacios marinos protegidos.

Aprueba el acuerdo por el que el Estado traspasa a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears funciones y servicios sobre ordenación y gestión del litoral. Incluye la gestión del dominio público marítimo-terrestre, obras en el litoral que no sean de interés general y la policía administrativa en esa zona.

Aprueba el acuerdo por el que el Estado transfiere a Canarias funciones y servicios sobre ordenación y gestión del litoral. Incluye la gestión de autorizaciones y concesiones en dominio público marítimo-terrestre y la aprobación de planes de uso del litoral y playas.

La ley regula la ordenación del territorio y el urbanismo en Cantabria. Establece los instrumentos de planificación territorial y urbanística, las clases de suelo y su régimen, la gestión y ejecución del planeamiento, la intervención en la edificación y el uso del suelo, y la disciplina urbanística.

Modifica el Reglamento General de Costas para incorporar la adaptación al cambio climático en la gestión del litoral. Cambia varios artículos para tener en cuenta la subida del nivel del mar y el aumento de eventos extremos en las playas y la costa.

Actualiza el anexo II del Real Decreto 79/2019 para que los informes de compatibilidad con las estrategias marinas usen los objetivos ambientales del segundo ciclo (2018-2024). También añade al anexo III cautelas para los informes de actuaciones de minería submarina.

La ley establece medidas para agilizar trámites en Canarias en costas, energía eléctrica, turismo y actividades clasificadas. Incluye una declaración responsable para obras en construcciones anteriores a la Ley de Costas, reduce plazos de autorización eléctrica y simplifica la renovación turística.

Aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos, que establece la organización y los procedimientos para responder a un posible maremoto en las costas españolas. Incluye un sistema nacional de alerta y un protocolo de avisos a autoridades, servicios de emergencia y población.

Integra en la Red de Áreas Marinas Protegidas de España ocho zonas especiales de conservación marinas del Mediterráneo de la Red Natura 2000 y el Área Marina Protegida del Corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo.

Modifica la Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria para agilizar la adaptación de los planes generales urbanísticos al Plan de Ordenación del Litoral. Establece cómo incluir suelos excluidos indebidamente de ese plan y somete estos ajustes a evaluación ambiental simplificada.

Modifica varias leyes de Cantabria para adaptar tasas y precios públicos, tributos cedidos y normas administrativas. Incluye cambios en materia de aguas, pesca, transporte, función pública, patrimonio cultural, farmacia, deporte, igualdad y urbanismo.