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La ley establece el marco de Canarias para luchar contra el cambio climático y avanzar hacia la transición energética. Crea órganos de coordinación y planificación, e integra criterios climáticos en urbanismo, contratación pública, energía, transporte y otras políticas. Incluye un régimen de infracciones y sanciones.

Modifica tres normas sobre contaminación: la que regula la calidad del aire, la de emisiones industriales y la de garantías financieras en residuos. Con ello actualiza el marco para evaluar y controlar la contaminación atmosférica y las emisiones de las industrias.

Regula las zonas de bajas emisiones: delimita dónde se aplican, qué restricciones de acceso, circulación y estacionamiento pueden imponer los ayuntamientos y qué contenido mínimo debe tener su proyecto. También fija el procedimiento, la señalización, el seguimiento y el régimen sancionador.

España acepta las enmiendas de 2009 a los anexos I y II del Protocolo sobre contaminantes orgánicos persistentes del Convenio de 1979. Las enmiendas añaden los naftalenos policlorados y las parafinas cloradas de cadena corta a las listas de sustancias con producción y uso prohibidos o restringidos.

Modifica las bases reguladoras del eco-incentivo para el transporte ferroviario de mercancías y la convocatoria de 2022. Aumenta el presupuesto del programa ferroviario y ajusta el reparto de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Modifica en Navarra la regulación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero y el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito. En los gases fluorados, el impuesto pasa a gravar la fabricación, importación, adquisición intracomunitaria o tenencia irregular, en lugar de la venta al consumidor final.

Establece normas para limitar la contaminación atmosférica en los puertos de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Regula la conexión eléctrica de buques y contenedores frigoríficos y las alarmas de movimiento de maquinaria portuaria.

Modifica la Ley de transparencia para obligar a publicar estadísticas sobre la participación de microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) en la contratación pública. Añade esta información al artículo 8 de esa ley, que regula qué datos deben hacerse públicos.

Estas enmiendas al Convenio MARPOL establecen procedimientos para tomar muestras y verificar el contenido de azufre del combustible de los buques y el índice de eficiencia energética de proyecto (EEDI). Entraron en vigor el 1 de abril de 2022.

Fija el valor medio nacional de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la electricidad consumida por motocicletas y vehículos eléctricos en 83 gCO2eq/MJ. Este valor deben usarlo los sujetos obligados al notificar sus emisiones.

Regula los criterios de sostenibilidad y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que deben cumplir los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa. También crea el sistema de garantías de origen para el gas procedente de fuentes renovables.

Mantiene para 2021 y de forma indefinida la tarifa del impuesto sobre las emisiones de CO2 de los vehículos que se aplicaba en 2020. También modifica el impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente y crea una exención en la tasa de la pesca fresca.

Establece las bases para conceder subvenciones (eco-incentivos) que impulsen el transporte marítimo de mercancías con mejor mérito ambiental y socioeconómico, en el marco del Plan de Recuperación. También regula el procedimiento y la convocatoria para seleccionar entidades colaboradoras que gestionen estas ayudas.

Crea un mecanismo para compensar a ciertas empresas industriales por los costes indirectos de las emisiones de CO2 que soportan, dentro del periodo 2021-2030. Regula quién puede recibir estas ayudas y cómo se solicitan, tramitan y controlan.

La Orden aprueba las bases reguladoras para conceder subvenciones del eco-incentivo al transporte ferroviario de mercancías, basadas en el mérito ambiental y socioeconómico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. También aprueba y publica la convocatoria para el periodo de elegibilidad 2022.

Modifica la convocatoria de ayudas a municipios para zonas de bajas emisiones y transporte urbano sostenible. Amplía el plazo para certificar el inicio de las licitaciones hasta el 15 de junio de 2022 y fija una penalización por retraso.

Establece medidas urgentes para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Incluye apoyos a la industria que consume mucha energía, cambios en el régimen retributivo de las renovables, agilización de proyectos de energías renovables y una bonificación temporal del precio de determinados productos energéticos. También recoge medidas de transporte, apoyo a empresas y autónomos, al sector agrícola, ganadero y pesquero, y a trabajadores y colectivos vulnerables.