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Modifica el anexo 1 del Protocolo de Londres para permitir el vertimiento de flujos de dióxido de carbono capturados, con el fin de almacenarlos en formaciones geológicas del subfondo marino. Solo se admite si los flujos son principalmente CO₂ y no se añaden otros desechos.

La Enmienda del Protocolo de Montreal, firmada en Kigali el 15 de octubre de 2016, entra en vigor para España el 7 de septiembre de 2023. Hasta esa fecha España la aplicaba de forma provisional desde el 8 de noviembre de 2021. La Enmienda modifica el Protocolo sobre sustancias que agotan la capa de ozono.

Concede una subvención directa al Instituto Volcanológico de Canarias, S.A.U. para desplegar durante cuatro años (2023-2026) un sistema de vigilancia de emisiones de gases tóxicos en Puerto Naos y La Bombilla, en La Palma. La norma regula el procedimiento, la cuantía, el pago y la justificación de la ayuda.

Establece el método para calcular el coste de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en los vertederos donde se depositan residuos biodegradables. Ese coste se incluirá en el precio que los vertederos cobran por admitir estos residuos.

Publica los Estatutos de ACTRIS ERIC, un consorcio europeo de infraestructuras de investigación sobre aerosoles, nubes y gases traza. Los estatutos regulan sus fines, miembros, gobernanza, financiación y políticas de acceso, evaluación y difusión.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

Estas enmiendas actualizan el Anexo VI del Convenio MARPOL, que regula la contaminación atmosférica causada por los buques. Entraron en vigor el 1 de noviembre de 2022, también para España.

La ley establece el marco de Canarias para luchar contra el cambio climático y avanzar hacia la transición energética. Crea órganos de coordinación y planificación, e integra criterios climáticos en urbanismo, contratación pública, energía, transporte y otras políticas. Incluye un régimen de infracciones y sanciones.

Modifica tres normas sobre contaminación: la que regula la calidad del aire, la de emisiones industriales y la de garantías financieras en residuos. Con ello actualiza el marco para evaluar y controlar la contaminación atmosférica y las emisiones de las industrias.

Regula las zonas de bajas emisiones: delimita dónde se aplican, qué restricciones de acceso, circulación y estacionamiento pueden imponer los ayuntamientos y qué contenido mínimo debe tener su proyecto. También fija el procedimiento, la señalización, el seguimiento y el régimen sancionador.

España acepta las enmiendas de 2009 a los anexos I y II del Protocolo sobre contaminantes orgánicos persistentes del Convenio de 1979. Las enmiendas añaden los naftalenos policlorados y las parafinas cloradas de cadena corta a las listas de sustancias con producción y uso prohibidos o restringidos.

Modifica en Navarra la regulación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero y el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito. En los gases fluorados, el impuesto pasa a gravar la fabricación, importación, adquisición intracomunitaria o tenencia irregular, en lugar de la venta al consumidor final.

Modifica la Ley de transparencia para obligar a publicar estadísticas sobre la participación de microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes) en la contratación pública. Añade esta información al artículo 8 de esa ley, que regula qué datos deben hacerse públicos.

Estas enmiendas al Convenio MARPOL establecen procedimientos para tomar muestras y verificar el contenido de azufre del combustible de los buques y el índice de eficiencia energética de proyecto (EEDI). Entraron en vigor el 1 de abril de 2022.

Regula los criterios de sostenibilidad y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que deben cumplir los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa. También crea el sistema de garantías de origen para el gas procedente de fuentes renovables.

Mantiene para 2021 y de forma indefinida la tarifa del impuesto sobre las emisiones de CO2 de los vehículos que se aplicaba en 2020. También modifica el impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente y crea una exención en la tasa de la pesca fresca.

Crea un mecanismo para compensar a ciertas empresas industriales por los costes indirectos de las emisiones de CO2 que soportan, dentro del periodo 2021-2030. Regula quién puede recibir estas ayudas y cómo se solicitan, tramitan y controlan.

Establece medidas urgentes para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Incluye apoyos a la industria que consume mucha energía, cambios en el régimen retributivo de las renovables, agilización de proyectos de energías renovables y una bonificación temporal del precio de determinados productos energéticos. También recoge medidas de transporte, apoyo a empresas y autónomos, al sector agrícola, ganadero y pesquero, y a trabajadores y colectivos vulnerables.