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Establece las tarifas que se cobran en el área española del Registro de Derechos de Emisión de la Unión Europea, creado por la Ley 1/2005. Regula qué cuentas pagan, qué servicios adicionales se prestan y qué ocurre si no se paga.

Fija el valor medio nacional de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la electricidad que consumen motocicletas y vehículos eléctricos. Ese valor es de 82 gramos de CO2 equivalente por megajulio y deben usarlo los sujetos obligados al notificar sus emisiones.

Desarrolla la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para el periodo 2026-2030 y regula la exclusión del régimen de comercio de derechos de emisión de hospitales, instalaciones de pequeño tamaño e instalaciones que emiten menos de 2.500 toneladas. Establece las solicitudes, requisitos de verificación, obligaciones de seguimiento y régimen sancionador de las instalaciones excluidas.

Modifica la convocatoria de 2021 de ayudas a municipios para zonas de bajas emisiones y transporte urbano sostenible. Aclara cómo se acredita el compromiso de implantar una zona de bajas emisiones y cuándo ese retraso no obliga a devolver la ayuda.

La Enmienda del Protocolo de Montreal, firmada en Kigali el 15 de octubre de 2016, entra en vigor para España el 7 de septiembre de 2023. Hasta esa fecha España la aplicaba de forma provisional desde el 8 de noviembre de 2021. La Enmienda modifica el Protocolo sobre sustancias que agotan la capa de ozono.

Concede una subvención directa al Instituto Volcanológico de Canarias, S.A.U. para desplegar durante cuatro años (2023-2026) un sistema de vigilancia de emisiones de gases tóxicos en Puerto Naos y La Bombilla, en La Palma. La norma regula el procedimiento, la cuantía, el pago y la justificación de la ayuda.

Establece el método para calcular el coste de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en los vertederos donde se depositan residuos biodegradables. Ese coste se incluirá en el precio que los vertederos cobran por admitir estos residuos.

Publica los Estatutos de ACTRIS ERIC, un consorcio europeo de infraestructuras de investigación sobre aerosoles, nubes y gases traza. Los estatutos regulan sus fines, miembros, gobernanza, financiación y políticas de acceso, evaluación y difusión.

Estas enmiendas actualizan el Anexo VI del Convenio MARPOL, que regula la contaminación atmosférica causada por los buques. Entraron en vigor el 1 de noviembre de 2022, también para España.

La ley establece el marco de Canarias para luchar contra el cambio climático y avanzar hacia la transición energética. Crea órganos de coordinación y planificación, e integra criterios climáticos en urbanismo, contratación pública, energía, transporte y otras políticas. Incluye un régimen de infracciones y sanciones.

Modifica tres normas sobre contaminación: la que regula la calidad del aire, la de emisiones industriales y la de garantías financieras en residuos. Con ello actualiza el marco para evaluar y controlar la contaminación atmosférica y las emisiones de las industrias.

Regula las zonas de bajas emisiones: delimita dónde se aplican, qué restricciones de acceso, circulación y estacionamiento pueden imponer los ayuntamientos y qué contenido mínimo debe tener su proyecto. También fija el procedimiento, la señalización, el seguimiento y el régimen sancionador.

Modifica las bases reguladoras del eco-incentivo para el transporte ferroviario de mercancías y la convocatoria de 2022. Aumenta el presupuesto del programa ferroviario y ajusta el reparto de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Modifica en Navarra la regulación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero y el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito. En los gases fluorados, el impuesto pasa a gravar la fabricación, importación, adquisición intracomunitaria o tenencia irregular, en lugar de la venta al consumidor final.

Establece normas para limitar la contaminación atmosférica en los puertos de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Regula la conexión eléctrica de buques y contenedores frigoríficos y las alarmas de movimiento de maquinaria portuaria.