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Establece el sistema de recursos propios de la Unión Europea: las categorías de ingresos con los que se financia, cómo se calculan y los límites máximos. Incluye medios extraordinarios y temporales para hacer frente a la crisis de la COVID-19 y deroga la decisión anterior de 2014.

Declara admisibles unas tablas biométricas concretas (de mortalidad y supervivencia) como referencia para las aseguradoras y reaseguradoras. Estas tablas se usan para valorar las provisiones técnicas de los seguros, tanto en la contabilidad como en el régimen especial de solvencia.

Modifica la resolución que regula las cuentas anuales de los fondos sin personalidad jurídica para adaptarla a la nueva redacción del artículo 136.3 de la Ley General Presupuestaria. Desde ahora, la Intervención General publica en el BOE el 31 de julio una referencia al Registro de cuentas anuales del sector público, en lugar de los resúmenes de las cuentas. Deroga tres resoluciones anteriores que fijaban el contenido mínimo de esa información.

Establece las normas sobre la formación y los conocimientos exigidos a los distribuidores de seguros y reaseguros y a su personal. Regula también sus obligaciones contables, los libros-registro y la remisión de información estadístico-contable a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Modifica la normativa sobre ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Actualiza las reglas sobre las tablas biométricas que se usan para calcular las provisiones técnicas en seguros de vida y decesos, y crea una comisión técnica de análisis de sus hipótesis.

Modifica varias órdenes de contabilidad pública para crear un documento de seguimiento de gastos financiados con fondos de la Unión Europea, precisar la fecha de gasto en ciertas operaciones e incorporar el código DIR3 del centro gestor y de la unidad tramitadora en los documentos contables.

Establece las normas contables y los modelos de cuentas anuales y estados financieros de las empresas de servicios de inversión, las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las sociedades gestoras de entidades de tipo cerrado, y de los grupos consolidables de empresas de servicios de inversión. Estas entidades pasan a aplicar el Plan General de Contabilidad y las normas de consolidación. Sustituye a la Circular 7/2008.

Establece medidas tributarias y financieras urgentes en Cataluña. Retrasa el pago del tributo sobre máquinas recreativas del primer trimestre de 2021 para que se ingrese junto con el segundo trimestre, y modifica plazos de cuentas anuales y normas presupuestarias.

La ley establece medidas tributarias, financieras y administrativas para aplicar los presupuestos de Castilla y León de 2021. Modifica normas sobre tributos propios y cedidos, tasas, hacienda pública y organización administrativa, y regula la gestión de fondos europeos Next Generation EU.

Fija la retribución para el año 2016 de varias empresas distribuidoras de energía eléctrica, tras varias sentencias del Tribunal Supremo que estimaron parcialmente sus recursos contra la orden que fijó esa retribución. Corrige parámetros de cálculo, entre ellos el factor λibase, para las empresas afectadas.

Regula el procedimiento para hacer ciertos pagos de la Administración General del Estado a través de agentes mediadores. Obliga a los centros gestores a indicar en los documentos contables si los derechos de cobro son embargables o no. Sustituye a la resolución de 2016 y actualiza las referencias a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

Establece las normas contables para registrar y valorar los ingresos que una empresa obtiene al entregar bienes o prestar servicios a sus clientes. Desarrolla el Plan General de Contabilidad y fija cómo elaborar las cuentas anuales en esta materia.

Modifica el Plan General de Contabilidad, el de Pequeñas y Medianas Empresas, las normas de cuentas anuales consolidadas y las de entidades sin fines lucrativos. Adapta estos textos a los nuevos criterios contables de la Unión Europea sobre instrumentos financieros y sobre ingresos por contratos con clientes.

Desarrolla la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas. Regula quién puede ser auditor, cómo se inscribe en el Registro Oficial, cómo ejerce su trabajo, su independencia y formación, y cómo se supervisa y sanciona la actividad.

Modifica la norma que regula el pago de obligaciones de la Administración General del Estado. Añade la obligación de indicar en las propuestas de pago si los derechos de cobro son embargables o no, y aclara qué órganos pueden expedir propuestas de mandamiento de pago. También actualiza las referencias a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

Publica nuevas tablas de mortalidad y supervivencia que deben usar las aseguradoras y reaseguradoras para calcular sus provisiones técnicas. También aprueba una guía técnica sobre criterios de supervisión de las tablas biométricas y recomendaciones para elaborar estadísticas del sector.

Establece condiciones especiales para aplicar el régimen de compensación de avales de las sociedades anónimas deportivas, con el fin de afrontar el impacto de la COVID-19. Regula cómo se compensan los avales que los directivos de clubes profesionales deben constituir ante la liga.