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El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del País Vasco contra varios artículos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara que parte del recurso ha perdido objeto y aplica doctrina de sentencias anteriores sobre competencias en vivienda, urbanismo y ordenación del territorio.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de la Junta de Castilla-La Mancha contra el apartado 21 de la disposición final novena de la Ley 7/2024, que fija el reparto entre comunidades autónomas de la recaudación del impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de entidades financieras según el PIB. La sentencia desestima el recurso y declara el precepto conforme a la Constitución.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de la Junta de Extremadura contra el apartado veintiuno de la disposición final novena de la Ley 7/2024, que reparte entre las comunidades autónomas de régimen común la recaudación del impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de las entidades financieras según su producto interior bruto regional. La sentencia analiza si ese criterio de reparto respeta la autonomía financiera y la solidaridad interterritorial.

El Tribunal Supremo estima el recurso del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España y anula el Real Decreto 366/2024. Ese real decreto ampliaba funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de enseñanza, en concreto sobre homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en sistemas de educación superior extranjeros.

El Tribunal Supremo estima el recurso del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España y anula el Real Decreto 366/2024. Ese real decreto ampliaba funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de enseñanza, en concreto sobre homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en sistemas de educación superior extranjeros.

El Tribunal Supremo estima el recurso del Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de España y anula por completo el Real Decreto 366/2024. Ese real decreto ampliaba funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de enseñanza, en concreto sobre homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en sistemas de educación superior extranjeros.

El Tribunal Supremo estima el recurso del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y anula por completo el Real Decreto 366/2024, que ampliaba funciones y servicios traspasados al País Vasco en materia de homologación y equivalencia de títulos extranjeros de educación superior.

El Tribunal Supremo estima el recurso de Unión Profesional y anula por completo el Real Decreto 366/2024, que ampliaba las funciones y servicios traspasados al País Vasco en materia de homologación y equivalencia de títulos de educación superior extranjeros. Además, impone las costas a la Administración General del Estado y al Gobierno Vasco y ordena publicar la sentencia en el BOE.

El Tribunal Supremo estima el recurso del Consejo General de la Abogacía Española y anula por completo el Real Decreto 366/2024. Ese decreto ampliaba funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de enseñanza, en concreto sobre homologación y equivalencia de títulos obtenidos en sistemas de educación superior extranjeros.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid y anula por completo el Real Decreto 366/2024. Ese real decreto ampliaba funciones y servicios traspasados al País Vasco en materia de enseñanza, en concreto sobre homologación y equivalencia de títulos de educación superior extranjeros.

El Tribunal Supremo estima el recurso del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España y anula por completo el Real Decreto 366/2024. Ese real decreto ampliaba al País Vasco las funciones y servicios sobre homologación y equivalencia de títulos de educación superior extranjeros. La sentencia ordena publicar el fallo en el BOE.

El Tribunal Constitucional inadmite una cuestión de inconstitucionalidad sobre las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, que regulan procesos de estabilización de empleo temporal en las administraciones públicas. La inadmisión se debe a que el órgano judicial no formuló correctamente el juicio de aplicabilidad de la norma al caso.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional quinta de la Ley del ingreso mínimo vital, que atribuye al País Vasco y Navarra funciones de gestión y pago de esta prestación. La sentencia se remite a la doctrina de la STC 19/2024 sobre la constitucionalidad de ese precepto.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional quinta de la Ley del ingreso mínimo vital y su modificación por la Ley de presupuestos de 2022. La sentencia declara constitucional que el País Vasco y Navarra asuman funciones, servicios y el pago del ingreso mínimo vital en su territorio.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia, y declara que la ley es conforme a la Constitución. La sentencia analiza el derecho a la vida y a la integridad física y moral en relación con la autodeterminación sobre la propia muerte.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos de los reales decretos que declararon y prorrogaron el estado de alarma por la COVID-19. Declara nulos los preceptos que designan autoridades competentes delegadas y les atribuyen potestades para restringir la circulación y la reunión, así como la extensión temporal de la prórroga y el régimen de rendición de cuentas.

El Tribunal Constitucional resuelve un conflicto de competencias del Gobierno vasco contra varios artículos del Real Decreto 130/2019, que regula la base de datos nacional de subvenciones. Anula el precepto que obligaba a incorporar a esa base los datos de subvenciones suministrados por los órganos legislativos.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Junta de Extremadura y anula los artículos 1 y 6 del Real Decreto 536/2019. Esos artículos daban nueva redacción a varios párrafos de los artículos 7 y 18 del Real Decreto 1338/2018, que regula el potencial de producción vitícola.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y anula los párrafos del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2019 que atribuían al Estado la gestión de la ampliación del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera. Declara que la gestión unitaria del parque ampliado corresponde a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.