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El canje de notas permite que UNICEF realice en Valencia operaciones de tecnologías de la información y las comunicaciones y despliegue personal en el Centro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de las Naciones Unidas. Se apoya en el Acuerdo Marco entre España y UNICEF de 2004 y aplica a UNICEF los privilegios e inmunidades de la Convención General de 1946.

El Banco de España crea dos sellos electrónicos: uno para administración electrónica y otro para licitación electrónica. Estos sellos identifican y autentican actuaciones administrativas automatizadas de la institución.

Habilita hacer trámites y presentar solicitudes y documentos con la Seguridad Social por teléfono e internet, usando sistemas de identificación como certificados electrónicos, Cl@ve, SMS, videoconferencia o datos biométricos. Regula qué permite cada sistema y cómo se presentan solicitudes con formularios electrónicos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2021, que adapta la ley española a varias directivas de la Unión Europea. Las materias son competencia, blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, tributos, daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores y defensa de los consumidores.

Aprueba recomendaciones sobre criterios y estándares de evaluación para verificar, modificar, seguir y renovar la acreditación de títulos universitarios oficiales de Grado y Máster que se ofertan en modalidad virtual o híbrida. Ofrece un marco común de buenas prácticas para todo el sistema universitario.

Regula cómo la Administración de la Seguridad Social envía notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos. Establece quién está obligado a recibirlas así, cómo se ponen a disposición en la sede electrónica y cómo se practican. También fija cuándo se usan medios no electrónicos.

Crea dos divisiones dentro de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial: la División Oficina del Dato, que coordina el tratamiento y gobierno de los datos en la Administración General del Estado, y la División de Planificación y Ejecución de Programas, que gestiona fondos europeos de digitalización.

Permite adaptar la formación de los certificados de profesionalidad durante la crisis sanitaria de la COVID-19. Regula cómo impartir la parte presencial, usar aulas virtuales, ajustar la teleformación y realizar las prácticas en centros de trabajo.

Autoriza a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo a fijar los precios de los servicios académicos de sus títulos y diplomas no oficiales para 2020, con tarifas adaptadas al COVID-19 y a la modalidad online.

Modifica el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias para incorporar decisiones europeas sobre el uso de bandas de frecuencias para el 5G. Fija límites a la cantidad de frecuencias que puede usar un mismo operador en las bandas de 700, 800 y 900 MHz.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 22/2020, que crea el Fondo COVID-19 y fija las reglas para repartir y entregar su dinero. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación que establece un marco de referencia común sobre la competencia digital del profesorado. Las administraciones educativas lo usarán para diseñar sus políticas de formación docente y reconocerán como equivalentes las certificaciones basadas en él.

Establece medidas temporales para que la formación profesional para el empleo pueda seguir impartiéndose durante el estado de alarma por el COVID-19. Permite usar aulas virtuales como formación presencial, adapta la ejecución de los cursos y amplía plazos de programas formativos.

Autoriza que la formación marítima teórica se imparta a distancia y «on line» mientras dure el estado de alarma por el COVID-19. Se dirige a los centros públicos y privados que dan esta formación y a quienes necesitan obtener o renovar títulos y certificados marítimos.

Establece las bases para conceder ayudas del Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación. Regula los requisitos de los beneficiarios, el procedimiento de solicitud y concesión, la financiación y el control de los proyectos.