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El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre varios artículos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Catastro Inmobiliario. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

Modifica la Resolución de 2014 que fija cómo se envían y qué estructura, contenido y formato tiene el fichero del padrón catastral y los demás ficheros de intercambio para gestionar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El cambio se refiere a la clave de uso de los inmuebles, en concreto la clave A-Almacén-Estacionamiento.

Regula cómo las entidades locales piden al Estado la compensación por la pérdida de recaudación del IBI rústico de 2022, tras la exención aprobada por el Real Decreto-ley 4/2022 para titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas con pérdidas por la sequía.

Fija en 0,9 el factor de minoración que se aplica al calcular el valor de referencia de los inmuebles urbanos y rústicos. Este valor lo determina la Dirección General del Catastro a partir de los precios de compraventas reales y no puede superar el valor de mercado.

Fija las condiciones para comunicar al Catastro cambios en inmuebles: nuevas construcciones, ampliaciones, reformas, demoliciones y cambios de uso, siempre que exista licencia o autorización equivalente. También regula la comunicación de otras alteraciones cuando no encajan en los supuestos ya previstos.

Aprueba las normas técnicas para incluir la representación gráfica de inmuebles (planos y coordenadas) en los documentos notariales. Busca que la descripción escrita del inmueble coincida con la descripción gráfica del Catastro.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, que adopta medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.