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El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 22/2026, que aprueba medidas urgentes sociales y económicas de apoyo a la ciudad de Ceuta. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Fija los precios de referencia de los hidrocarburos extraídos en el primer semestre de 2026. Estos precios sirven para calcular el Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados y los pagos a los propietarios de los terrenos. Los efectos empiezan el día siguiente a su publicación.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 16/2026, que contenía medidas para garantizar el servicio público de la Corporación Radio Televisión Española. La derogación se aprueba conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Modifica el modelo 718 del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas para que los contribuyentes no residentes en España puedan aplicar el límite de la cuota íntegra, igual que los residentes. Adapta el modelo a la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Económico-Administrativo Central.

Modifica la lista de países y territorios considerados jurisdicciones no cooperativas (antes llamados paraísos fiscales). Actualiza esa relación para reflejar cambios en transparencia y tributación. Incluye una regla transitoria para tributos cuyo periodo impositivo no había terminado al entrar en vigor.

España comunica a la OCDE que añade el Impuesto Complementario a la lista de impuestos a los que se aplica el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal. La modificación surte efecto desde el 1 de septiembre de 2026.

El Acuerdo entre España y Estados Unidos extiende los privilegios fiscales al personal administrativo y técnico de sus misiones diplomáticas. El acuerdo entra en vigor el 1 de julio de 2026, tras comunicar España que ha cumplido sus requisitos internos.

España comunica a la OCDE que ha terminado sus trámites internos para que el Convenio multilateral contra la erosión de bases imponibles se aplique a su convenio fiscal con Argentina. También recoge las notificaciones anteriores para otros países y la retirada de reservas y notificaciones de Finlandia.

El Tribunal Constitucional declara extinguida una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 15.6 de la normativa gallega de tributos cedidos, que fijaba un tipo reducido del impuesto de actos jurídicos documentados para sociedades de garantía recíproca con domicilio social en Galicia. La extinción se debe a que ese precepto ya fue anulado por una sentencia anterior del propio tribunal.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, que aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional mantiene en parte la suspensión de dos disposiciones finales de la Ley de presupuestos de Canarias para 2025, recurridas por el presidente del Gobierno. Una afecta a las retribuciones de gerentes de organismos sanitarios y otra al régimen de prórrogas de concesiones en puertos deportivos.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, que contenía medidas urgentes en materia tributaria, de vulnerabilidad social y de recursos de los sistemas de financiación territorial. La derogación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Aprueba la lista de valores negociados en centros de negociación y su valor medio de negociación del cuarto trimestre de 2025. Esta lista sirve para calcular el Impuesto sobre el Patrimonio del año 2025 y para la declaración informativa anual de valores, seguros y rentas.

Fija los precios de referencia de 2025 para el petróleo, los condensados y el gas natural extraídos en concesiones sujetas al Impuesto sobre el Valor de la Extracción. Estos precios sirven para calcular el valor de la extracción y los pagos a los propietarios de los terrenos.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de la Junta de Castilla-La Mancha contra el apartado 21 de la disposición final novena de la Ley 7/2024, que fija el reparto entre comunidades autónomas de la recaudación del impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de entidades financieras según el PIB. La sentencia desestima el recurso y declara el precepto conforme a la Constitución.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de la Junta de Extremadura contra el apartado veintiuno de la disposición final novena de la Ley 7/2024, que reparte entre las comunidades autónomas de régimen común la recaudación del impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de las entidades financieras según su producto interior bruto regional. La sentencia analiza si ese criterio de reparto respeta la autonomía financiera y la solidaridad interterritorial.

Aprueba el modelo 017 para que los contribuyentes declaren y paguen por vía electrónica la tasa que financia a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Fija el lugar, el plazo y la forma de presentación de ese modelo y deroga la orden anterior de 2014.

Establece los criterios para que las entidades de la Zona Especial Canaria comuniquen al Consejo Rector que no han aplicado los beneficios fiscales previstos, cuando no han podido cumplir los requisitos de la Ley 19/1994. Fija el contenido de esa comunicación, el plazo y los efectos.

Establece cómo se hacen por medios electrónicos, informáticos y telemáticos las actuaciones en los procedimientos de aplicación de los tributos que tramita la Dirección General de Tributos. También prevé la aprobación de un formulario para presentar consultas y de un modelo de representación voluntaria.