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Establece cómo la Inspección de Trabajo y Seguridad Social controla la jornada laboral de los conductores del transporte por carretera. Regula los controles en carretera y en las empresas, la información que se comparte y la coordinación con otros países de la Unión Europea.

Establece la planificación de las actividades preventivas de la Seguridad Social que las mutuas colaboradoras deben realizar en 2022. Fija criterios y prioridades para el asesoramiento técnico a pequeñas empresas y a empresas con mayor siniestralidad, y para la difusión del servicio Prevención10.es.

Actualiza los anexos I y II del Real Decreto 664/1997, que regula la protección de los trabajadores frente a agentes biológicos en el trabajo. La actualización adapta la clasificación de estos agentes al progreso técnico y a la normativa europea.

Aprueba una instrucción técnica que unifica en un solo texto las normas de protección de los trabajadores de la minería frente al polvo y la sílice cristalina respirables. Incluye la consideración de estos trabajos como exposición a agente cancerígeno y actualiza los criterios de medición y vigilancia de la salud.

Publica las ordenanzas del Puerto de Gijón que regulan quién puede entrar en la zona portuaria, cómo se circula dentro (vehículos, bicicletas, peatones y transportes especiales), las medidas de prevención de riesgos laborales y cómo se actúa ante emergencias. Incluye también un régimen de infracciones y sanciones.

Actualiza varias cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en ocho familias profesionales, entre ellas Agraria, Sanidad, Comercio y Marketing, Imagen y Sonido, Marítimo-Pesquera, Seguridad y Medio Ambiente, Servicios Socioculturales y Transporte. Modifica también de forma parcial algunas cualificaciones ya existentes.

Actualiza los anexos del Real Decreto 664/1997 sobre protección de trabajadores frente a agentes biológicos, para adaptarlo al progreso técnico y a la normativa europea. Incluye en la clasificación nuevos agentes biológicos, como el SARS-CoV, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2.

Permite a los operadores aéreos con certificado de AESA publicar la programación de actividades de sus tripulantes con al menos 5 días de antelación, en lugar de 14, si aplican medidas de mitigación del riesgo. Se enmarca en la crisis del COVID-19 y sustituye temporalmente el requisito ORO.FTL.110 a).

Establece las bases para conceder ayudas a proyectos de prevención de riesgos y seguridad minera. Las ayudas van a empresas (inversión material) y a entidades sin ánimo de lucro (formación). Su fin es reducir la siniestralidad en la minería en España.

Amplía las actividades preventivas que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social realizan para las empresas y los trabajadores autónomos adheridos, con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19. Añade actuaciones de asesoramiento para aplicar las medidas preventivas del Ministerio de Sanidad en la vuelta a la actividad y en los sectores con más exposición al virus.

Aprueba y publica los medios aceptables de cumplimiento y el material guía para aplicar el Real Decreto 1036/2017 sobre el uso civil de aeronaves pilotadas por control remoto (drones). Incluye apéndices sobre el manual de operaciones, vuelos de prueba, perfiles de vuelo y mantenimiento de la aptitud del piloto remoto.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 26/2020, que recoge medidas de reactivación económica frente al impacto del COVID-19 en transportes y vivienda. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública restablece medidas para los Registros de Lleida y municipios del Baix Segrià por los rebrotes de COVID-19. Emite certificados para el desplazamiento del personal registral, prorroga el plazo de calificación y despacho y fija la atención al público por vía telemática y telefónica.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, que establece medidas urgentes de prevención, contención y coordinación frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Publica un acuerdo de la Conferencia Sectorial de Comercio Interior con recomendaciones sanitarias para la actividad comercial tras el estado de alarma por COVID-19. Las comunidades y ciudades autónomas pueden aplicarlas en sus territorios para mantener un marco común de seguridad.

Activa la fase 3 del Plan de Desescalada de la Administración de Justicia frente al COVID-19 desde el 9 de junio de 2020. Esta fase busca alcanzar el 100% del trabajo de los efectivos de cada centro de destino, con criterios sobre turnos de tarde, teletrabajo y personal de especial sensibilidad.

Activa la Fase 2 del Plan de desescalada de la Administración de Justicia frente al COVID-19 desde el 26 de mayo de 2020. También modifica el Esquema de Seguridad Laboral sobre el uso de mascarillas y los partes de baja y alta por coronavirus.

Aprueba las medidas de seguridad laboral frente al COVID-19 y un plan de desescalada por fases para la Administración de Justicia. Activa la Fase I desde el 12 de mayo de 2020 y fija criterios para el trabajo en turnos de tarde.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, que adopta medidas urgentes en materia de empleo agrario. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.