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El Tribunal Constitucional rechaza aclarar su sentencia 78/2020, que resolvió una cuestión de inconstitucionalidad sobre una medida tributaria del Real Decreto-ley 2/2016 relativa a los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades. El tribunal considera que la aclaración pedida excede el trámite y que la frase cuestionada no es oscura.

Establece las condiciones financieras de los préstamos que los ayuntamientos, diputaciones y consejos insulares pueden hacer voluntariamente a la Administración General del Estado con sus remanentes de tesorería. El tipo de interés no podrá superar el coste de financiación de la Deuda del Estado y el plazo es de diez años.

El Tribunal Constitucional declara nulo el artículo único del Real Decreto-ley 2/2016, que añadió una disposición adicional a la Ley del impuesto sobre sociedades para modificar el régimen de pagos fraccionados. El tribunal considera que esa norma afectaba a elementos esenciales del deber de contribuir y no podía regularse mediante decreto-ley.

Establece las condiciones del primer tramo de una línea de avales públicos de 8.000 millones de euros. El Estado, a través del ICO, avala financiación que las entidades financieras conceden a empresas y autónomos para liquidez e inversiones. También amplía hasta el 1 de diciembre de 2020 el plazo para solicitar avales anteriores.

Crea el Consejo Asesor de Asuntos Económicos, un órgano que asesora al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en materia económica y en reformas para mejorar la productividad y apoyar a la empresa. Regula sus funciones, composición, nombramientos, funcionamiento y medios.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, que recoge medidas agrarias, científicas, económicas, de empleo, de Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Establece las condiciones del tercer tramo de la línea de avales del Estado para préstamos a empresas y autónomos afectados por el COVID-19, para pagarés del MARF y para reavales de CERSA. Fija los importes de cada tramo y autoriza compromisos de gasto futuro.

El Banco de España deja sin efecto una resolución de 2012 que establecía cambios temporales en los criterios para aceptar activos de garantía en sus operaciones de política monetaria. La derogación se aplica desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El Consejo de Ministros acuerda poner en marcha un segundo tramo de avales por 20.000 millones de euros, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial. Estos avales cubren la financiación que las entidades financieras concedan a pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por el COVID-19.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, que adopta medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que fija las condiciones del primer tramo de la línea de avales del ICO, de hasta 20.000 millones de euros, para que las entidades financieras presten a empresas y autónomos afectados por el COVID-19. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital avala esa financiación y el ICO la gestiona.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 10/2018, que buscaba acelerar la transformación del modelo económico regional para generar empleo estable. Anula parcialmente preceptos sobre el incentivo de edificabilidad para la renovación hotelera y sobre normas transitorias de planeamiento ambiental, e interpreta otros conforme a la Constitución.