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El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2024, que adopta medidas urgentes complementarias dentro del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Confederación Nacional de Pymes y anula el Real Decreto 1027/2022, que regulaba la concesión directa de subvenciones a interlocutores sociales para digitalizar el sector productivo con fondos Next Generation EU.

Publica un acuerdo del Consejo de Ministros que fija las condiciones del segundo tramo de una línea de avales públicos de 500 millones de euros. Estos avales respaldan la financiación que las entidades financieras conceden a empresas y autónomos de la industria gas intensiva. El Instituto de Crédito Oficial gestiona los avales.

Publica un acuerdo del Consejo de Ministros que modifica por segunda vez las condiciones del primer tramo de la línea de avales públicos a la financiación de empresas y autónomos, creada para responder a la guerra en Ucrania. Amplía el plazo para solicitar los avales hasta el 1 de diciembre de 2023.

Prorroga para 2023 la planificación general de las actividades preventivas de la Seguridad Social que las mutuas colaboradoras deben incluir en sus planes de actividades, establecida para 2022. Fija cómo se financian esas actividades y el plazo para presentar los planes de 2023.

Amplía el presupuesto del programa de ayudas para eficiencia energética en PYME y gran empresa industrial. Añade 4.200.000 euros a Cantabria y 9.930.916,48 euros a Castilla-La Mancha. El programa está regulado por el Real Decreto 263/2019.

Modifica el acuerdo que fija las condiciones del primer tramo de avales públicos a empresas y autónomos. Eleva los importes máximos de aval por beneficiario para ajustarlos a la modificación del Marco Temporal europeo de ayudas de Estado.

El Consejo de Ministros ordena al Instituto de Crédito Oficial (ICO) ampliar el plazo de vencimiento de los avales públicos concedidos a empresas y autónomos al amparo de los Reales Decretos-leyes 8/2020 y 25/2020. También permite a CERSA ampliar los vencimientos de sus reavales, con un plazo máximo de diez años.

Establece las condiciones del primer tramo de una línea de avales públicos de 5.000 millones de euros para que las entidades financieras concedan financiación a empresas y autónomos. El Instituto de Crédito Oficial gestiona los avales, que cubren el capital impagado y no los intereses.

Amplía hasta el 1 de junio de 2022 el plazo para solicitar los avales públicos a empresas y autónomos de los Reales Decretos-leyes 8/2020 y 25/2020. También modifica el Código de Buenas Prácticas de renegociación de deuda avalada para extender sus plazos y adaptar sus importes.

Amplía en 21 millones de euros el presupuesto del programa de ayudas para eficiencia energética en PYME y gran empresa industrial. De esa cantidad, 15 millones se asignan a Galicia y 6 millones a Navarra. El presupuesto total del programa pasa a 377.944.906 euros.

Establece las condiciones del sexto tramo de la línea de avales públicos para financiar inversiones de empresas y autónomos. El tramo asciende a 15.000 millones de euros y el Estado avala la financiación que conceden las entidades financieras.

Amplía en 7.000.000 euros el presupuesto del programa de ayudas para eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial. Ese importe se asigna al País Vasco, que pasa de 15.321.804,01 a 22.321.804,01 euros.

Amplía en 35 millones de euros el presupuesto del programa de ayudas para eficiencia energética en PYME y gran empresa industrial. Ese dinero se asigna a Cataluña, que pasa de 49.493.353,71 a 84.493.353,71 euros.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, que establece medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio, y medidas en materia tributaria. Se ordena su publicación para conocimiento general.

Establece las condiciones del cuarto y quinto tramo de la línea de avales del Real Decreto-ley 25/2020. El cuarto tramo, de 500 millones de euros, financia inversiones y liquidez de pymes y autónomos del turismo, hostelería y actividades conexas. El quinto tramo, de 500 millones, refuerza los reavales de CERSA para pymes de todas las zonas.

Instruye al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y permite a CERSA ampliar hasta el 1 de junio de 2021 el plazo para solicitar avales públicos a empresas y autónomos, y extender el vencimiento de los avales ya concedidos.

Modifica el reparto de los avales públicos del primer tramo de la línea de financiación a empresas y autónomos. Desde el 1 de noviembre de 2020, los importes de aval asignados y no usados por las entidades se reparten por orden de petición.

Amplía las actividades preventivas que las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social realizan para las empresas y los trabajadores autónomos adheridos, con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19. Añade actuaciones de asesoramiento para aplicar las medidas preventivas del Ministerio de Sanidad en la vuelta a la actividad y en los sectores con más exposición al virus.