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España aplica de forma provisional, desde el 25 de junio de 2025, la Enmienda de 2009 al artículo 6 del Protocolo de Londres. Esta enmienda permite exportar dióxido de carbono a otros Estados para almacenarlo de forma permanente bajo el fondo marino.

Estas enmiendas retiran los fangos cloacales de las listas del Protocolo de Londres que permiten su vertimiento al mar. Desde su entrada en vigor no se pueden dar nuevos permisos para verterlos, y los permisos ya concedidos pueden mantenerse hasta su vencimiento y, como máximo, hasta el 31 de mayo de 2027.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 19/2022, que reconoce personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca. La sentencia examina si la ley respeta el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas y los derechos y principios constitucionales invocados.

Aprueba cambios en los anexos I, II y IV del Protocolo para la protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre. Los anexos actualizados recogen los sectores de actividad y las sustancias que deben tenerse en cuenta al preparar planes y medidas para eliminar esa contaminación.

Publica la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima 2024, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional. La estrategia analiza el escenario marítimo hasta 2030, identifica riesgos y amenazas y fija objetivos dentro del marco de la Seguridad Nacional.

Modifica el anexo 1 del Protocolo de Londres para permitir el vertimiento de flujos de dióxido de carbono capturados, con el fin de almacenarlos en formaciones geológicas del subfondo marino. Solo se admite si los flujos son principalmente CO₂ y no se añaden otros desechos.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Parlamento de Canarias contra la disposición final tercera del Real Decreto-ley 12/2021, que cambió el límite de las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo en Canarias. La sentencia examina si esa modificación respetó el régimen económico y fiscal canario y el informe previo del Parlamento de Canarias.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 19/2022, que reconoce personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados.

El Acuerdo entre España y la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares sobre el uso de datos sismológicos e hidroacústicos para alerta de tsunamis entra en vigor el 1 de abril de 2023. Se completa así la publicación de su aplicación provisional.

El acuerdo permite que la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares envíe datos sismológicos e hidroacústicos al Instituto Geográfico Nacional. El Instituto los usará solo para emitir alertas de tsunamis y los tratará de forma confidencial.

España se adhiere al Acuerdo de Bonn de 1983 sobre cooperación para luchar contra la contaminación del Mar del Norte por hidrocarburos y otras sustancias peligrosas. El Acuerdo organiza la cooperación y la asistencia mutua entre los Estados firmantes para proteger sus costas y el medio marino.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Parlamento de Canarias contra la disposición final tercera del Real Decreto-ley 12/2021, que regula medidas urgentes sobre fiscalidad energética, generación de energía y gestión del canon de regulación y la tarifa de utilización del agua.

Establece las bases para conceder subvenciones de la Fundación Biodiversidad, en concurrencia competitiva, destinadas a la conservación marina. Regula quién puede solicitarlas, qué actividades y gastos se financian, cómo se evalúan y resuelven las solicitudes y cómo se justifican y reintegran las ayudas.

Establece las bases para conceder subvenciones de la Fundación Biodiversidad destinadas a reforzar las redes de varamientos y el rescate de especies marinas. También aprueba la convocatoria de estas ayudas para el año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos, que establece la organización y los procedimientos para responder a un posible maremoto en las costas españolas. Incluye un sistema nacional de alerta y un protocolo de avisos a autoridades, servicios de emergencia y población.