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Fija el 1 de septiembre de 2025 como fecha de inicio de actividad de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Hasta el 1 de noviembre de 2025, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes le seguirá prestando servicios de personal, logística, contratación, informática y web.

Establece reglas y procedimientos para proteger la información clasificada que intercambien el Centro Nacional de Inteligencia de España y la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado de Uruguay. Fija definiciones, autoridades competentes, niveles de clasificación, formas de manejo, transmisión, visitas y resolución de controversias.

Establece los datos de costes que las empresas distribuidoras de gas natural deben enviar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Con esa información se analiza si la retribución que reciben por su actividad es adecuada. Crea un grupo de trabajo y prevé una implantación gradual.

Establece un marco para que España y Catar intercambien información clasificada y la protejan. Fija definiciones, autoridades competentes, grados de clasificación equivalentes, medidas de seguridad, habilitaciones, visitas y gestión de incidentes.

Establece un acuerdo entre autoridades fiscales de distintos países para intercambiar automáticamente información sobre criptoactivos. Los proveedores de servicios de criptoactivos deberán identificar a sus clientes y comunicar datos a su autoridad fiscal, que los enviará a otros países.

Modifica varias circulares de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para adaptarlas al Reglamento europeo sobre mercados de criptoactivos. Establece cómo los proveedores de servicios de criptoactivos deben remitir información a la CNMV para su supervisión.

Establece las instrucciones técnicas para que los operadores de puntos de recarga eléctrica de acceso público envíen información dinámica (localización, características, disponibilidad y precio) al Sistema de Gestión y Visualización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, gestionado provisionalmente por Red Eléctrica de España.

Aprueba cambios en varios procedimientos de operación del sistema eléctrico para aplicar la liquidación de desvíos en periodos de quince minutos. El operador del sistema calculará y publicará la medida cuarto-horaria de las unidades de programación a partir de datos de contador o por interpolación lineal.

Aprueba los modelos de información cuantitativa que las entidades aseguradoras y reaseguradoras, y sus grupos, deben enviar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con fines de supervisión, estadísticos y contables. Fija modelos trimestrales, anuales y semestrales y deroga las órdenes anteriores que regulaban estos envíos.

Modifica tres circulares de la CNMV sobre fondos de inversión y entidades de capital riesgo. Adapta las normas de la comisión de gestión sobre resultados a las directrices europeas, exige a los fondos de inversión a largo plazo europeos presentar estados de información y establece la presentación electrónica de varios informes.

Establece el procedimiento para elaborar la Estrategia Nacional contra las Campañas de Desinformación. La Comisión Permanente contra la Desinformación dirigirá el proceso mediante un grupo de trabajo técnico, con aportaciones de comunidades autónomas y expertos.

Actualiza la escala de infracciones sobre jornadas de trabajo de los conductores de transporte por carretera para incorporar la Directiva Delegada (UE) 2024/846. Sustituye el anexo III de la Resolución de 18 de marzo de 2022 y clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves.

Modifica la Orden EHA/2043/2010 para regular cómo las entidades del sector público empresarial y fundacional del Estado envían sus cuentas anuales a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Incluye a las entidades no auditadas por la IGAE, a las filiales en el extranjero y a las sociedades y fondos de capital riesgo. También hace opcional el informe del artículo 129.3 de la Ley General Presupuestaria en la formulación.

Adapta el Plan General de Contabilidad Pública de la Administración General del Estado a los cambios de la Orden HAC/965/2024 sobre pagos a justificar. También regula cómo se contabilizan estos pagos en las entidades de la Administración Institucional del Estado.

Establece modelos normalizados para informar de las comisiones y gastos de los planes de pensiones imputables al plan. Las entidades gestoras deberán usar estos modelos en los documentos de información general, de datos fundamentales para el partícipe y en la información periódica.

Aprueba los nuevos modelos para que corredores de seguros, corredores de reaseguros, agentes de seguros vinculados y operadores de banca-seguros envíen cada año su información estadístico-contable a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Estos modelos sustituyen a los anteriores y se adaptan a la normativa vigente de distribución de seguros.

Deroga la Circular 1/2022 de la CNMV, que regulaba la publicidad de criptoactivos presentados como objeto de inversión. La derogación se debe a que el Reglamento europeo 2023/1114 (MICA) regula ahora esa publicidad y no deja margen a normas nacionales.

Establece cómo deben enviar cada año sus datos de ventas de energía las empresas obligadas por el sistema nacional de eficiencia energética. Unifica en un solo texto el procedimiento y deja sin efecto tres resoluciones anteriores.

Regula cómo las Comunidades Autónomas sin órgano de control externo propio deben rendir telemáticamente sus Cuentas Generales al Tribunal de Cuentas, y fija el formato de esas cuentas. Se aplica desde la cuenta correspondiente al ejercicio 2024.