Orden PJC/248/2025, de 13 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional de 28 de enero de 2025, por el que se aprueba el procedimiento para la elaboración de la Estrategia Nacional contra las Campañas de Desinformación.
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes · 15 de marzo de 2025
En pocas palabras
Establece el procedimiento para elaborar la Estrategia Nacional contra las Campañas de Desinformación. La Comisión Permanente contra la Desinformación dirigirá el proceso mediante un grupo de trabajo técnico, con aportaciones de comunidades autónomas y expertos.
Qué cambia
Fija cómo se redactará y aprobará la futura estrategia contra la desinformación: quién la elabora, qué pasos se siguen y quién la aprueba finalmente en el Consejo de Seguridad Nacional.
- A quién afecta
- Comisión Permanente contra la Desinformación · comunidades autónomas y ciudades autónomas · expertos de la sociedad civil, el sector privado y el ámbito académico · departamentos ministeriales y organismos públicos implicados
- Seguridad y emergencias
- Digitalización y telecomunicaciones
- Administración pública e instituciones
Resumen generado automáticamente a partir del texto oficial. Puede contener errores: lo que vale es el texto publicado en el BOE.
Texto
El Consejo de Seguridad Nacional, en su reunión de 28 de enero de 2025, ha aprobado un Acuerdo por el que se aprueba el procedimiento para la elaboración de la Estrategia Nacional contra las Campañas de Desinformación.
Para general conocimiento, se dispone su publicación como anejo a la presente orden.
Madrid, 13 de marzo de 2025.–El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños García.
ANEJO
Acuerdo por el que se aprueba el procedimiento para la elaboración de la Estrategia Nacional contra las Campañas de Desinformación
EXPOSICIÓN
La Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 (ESN21), aprobada por el Real Decreto 1150/2021, de 28 de diciembre, identifica las campañas de desinformación como una de las principales amenazas para la seguridad del país. En respuesta a ello, en su línea de acción número 13, establece la necesidad de desarrollar una Estrategia Nacional contra las Campañas de Desinformación.
La creciente complejidad geopolítica actual, el incremento en el uso de estrategias híbridas por parte de actores hostiles, estatales y no estatales, así como los riesgos sistémicos asociados a las últimas tecnologías disruptivas, como la Inteligencia Artificial generativa, son algunos de los elementos que refuerzan la necesidad de una estrategia específica, que, desde una perspectiva transversal, aborde los diferentes aspectos de los intereses nacionales que pueden verse afectados por las campañas de desinformación.
La estrategia debe alinearse con las pautas establecidas por la Unión Europea, así como con las recomendaciones de organismos internacionales que han venido trabajando activamente en este campo. En el ámbito europeo, el Plan de Acción para la Democracia Europea de 2020 marca las líneas principales para proteger a las democracias europeas de las amenazas y los efectos nocivos de la desinformación y de la manipulación e injerencia en el espacio informativo llevada a cabo, en particular, por agentes extranjeros. El Plan subraya la importancia de fortalecer las capacidades y la coordinación, tanto a nivel de la Unión Europea como de los Estados miembros, avanzar en la corregulación de las plataformas en línea e impulsar la concienciación y la alfabetización mediática en la ciudadanía.
Las organizaciones internacionales OCDE y ONU también han avanzado la formulación de ciertas líneas de acción que los Estados democráticos deben implementar a fin de garantizar y proteger la libertad de expresión e información y hacer frente a la amenaza de la injerencia y manipulación en el espacio informativo. Ambos organismos internacionales coinciden en la necesidad de incrementar la resiliencia social y la alfabetización mediática para contrarrestar los negativos efectos de la desinformación. También confluyen en la idoneidad de desarrollar mecanismos que eviten que las nuevas tecnologías sean explotadas por actores maliciosos, fomentar la trasparencia del ecosistema tecnológico e informativo, así como la investigación académica y las prácticas de gobierno abierto.