Buscar en el BOE

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio, que adopta medidas dentro del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Establece un marco entre España y Egipto para proteger la información clasificada en el ámbito de la defensa que se genere o intercambie. Fija definiciones, autoridades de seguridad, grados de clasificación, medidas de protección, acceso, transmisión y contratos clasificados.

Modifica los plazos para comunicar datos sobre semillas certificadas de cereales, arroz, semillas oleaginosas y proteaginosas. Establece fechas concretas para informar sobre superficie aceptada, cantidad recolectada y nivel de existencias a través del sistema electrónico SIEGA.

Crea el Comité de Integridad del Ministerio de Hacienda y fija su composición y funciones. También regula el Comité Antifraude y la Comisión del Sistema Interno de Información, y cómo se coordinan estos tres órganos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto entre órganos constitucionales presentado por el Senado contra el Gobierno. El Senado pidió que el Presidente del Gobierno compareciera ante su Pleno para informar sobre varios accidentes ferroviarios, y el Gobierno rechazó ese requerimiento.

Vuelve a introducir en el ordenamiento las modificaciones sobre la Central de Información de Riesgos del Banco de España y sobre la publicidad de los créditos revolving que el Tribunal Supremo anuló por un defecto de procedimiento. Regula de nuevo el contenido de los informes de riesgos y los criterios del ejemplo representativo en la publicidad de estos créditos.

Crea y regula el Sistema de Información Estatal de Servicios Sociales (SIESS), un sistema para recoger y compartir datos e estadísticas sobre servicios sociales entre las administraciones. Fija sus principios y reparte las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.

Establece un marco de cooperación entre España y Canadá para proteger la información clasificada que se intercambien. Fija definiciones, grados de clasificación, reglas de acceso, transmisión, contratos clasificados y visitas internacionales.

Aprueba la Política de Seguridad de la Información del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para su administración electrónica. Fija principios, responsables y obligaciones para proteger la información y los sistemas, conforme al Esquema Nacional de Seguridad.

Aprueba el modelo informativo que debe presentarse cada doce meses para cada categoría y tipo de arrendamiento de corta duración, en aplicación del Registro Único de Arrendamientos y la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. El modelo incluye un listado anonimizado de los arrendamientos constituidos y la identificación de la finalidad temporal del arrendamiento.

Actualiza los modelos y el procedimiento para declarar e ingresar por vía electrónica los recargos que las aseguradoras recaudan a favor del Consorcio de Compensación de Seguros. Incluye los recargos del nuevo seguro obligatorio de responsabilidad civil de los vehículos personales ligeros y permite compensar extornos de recargos hasta 180 días tras el fin de la cobertura.

Actualiza las normas contables de las entidades de crédito para alinearlas con las normas internacionales de información financiera adoptadas en la Unión Europea. También modifica la normativa sobre la Central de Información de Riesgos del Banco de España.

Modifica la Orden HAP/2105/2012, que regula qué información deben enviar las comunidades autónomas y las entidades locales sobre sus cuentas. Añade nuevos datos a remitir, como los planes presupuestarios a medio plazo, los pasivos contingentes ligados a catástrofes y clima y la incidencia en déficit y deuda de determinados organismos y fondos. Incorpora así al derecho interno la Directiva (UE) 2024/1265.

Actualiza los anexos que fijan cómo se envía al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la información sobre el suministro de productos petrolíferos, como precios, descuentos y cantidades. Los nuevos formatos se publican en la sede electrónica del Ministerio y sustituyen a los anteriores.

Aprueba la Política de Seguridad de la Información del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Fija principios, normas y una estructura de responsables para proteger los sistemas, las comunicaciones y los datos personales en la administración digital del Ministerio.

Establece cómo se hacen por medios electrónicos, informáticos y telemáticos las actuaciones en los procedimientos de aplicación de los tributos que tramita la Dirección General de Tributos. También prevé la aprobación de un formulario para presentar consultas y de un modelo de representación voluntaria.

Modifica varios aspectos de la normativa que regula la producción de energía eléctrica con fuentes renovables, cogeneración y residuos. Ajusta la regulación de la garantía del origen de la electricidad procedente de estas fuentes.

Regula cómo las instituciones de inversión colectiva pueden prestar temporalmente valores y otros instrumentos financieros de su cartera. Fija reglas, límites, garantías y obligaciones de control e información para gestoras, sociedades de inversión y depositarios.

Fija el 1 de septiembre de 2025 como fecha de inicio de actividad de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Hasta el 1 de noviembre de 2025, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes le seguirá prestando servicios de personal, logística, contratación, informática y web.