Buscar en el BOE

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos artículos de la Ley de Cataluña 24/2015, de medidas urgentes en vivienda y pobreza energética. El tribunal revisará si esos artículos vulneran competencias del Estado recogidas en la Constitución.

El Tribunal Constitucional mantiene suspendida la Ley 1/2024 de Cantabria, que derogaba la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria de 2021. La suspensión se acordó al admitir un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno y sigue vigente.

Aprueba las bases y abre la convocatoria para seleccionar operaciones del programa «Tardes con Plan», dentro del Programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza. Estas operaciones son actividades extraescolares de ocio educativo y promoción de estilos de vida saludables para la infancia y la adolescencia, cofinanciadas con el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

Establece el procedimiento para autorizar la residencia temporal en España de menores saharauis y la estancia de sus monitores durante el verano de 2025, dentro del Programa «Vacaciones en Paz». Regula la solicitud de informe previo, los requisitos de acogida y el visado.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del Presidente del Gobierno contra varios artículos y disposiciones de la Ley 5/2024, de Concordia de la Comunitat Valenciana. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados queda suspendida.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Aragón contra el Real Decreto-ley 2/2025, que aprueba medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia ante contingencias migratorias extraordinarias. El recurso se dirige también, de forma subsidiaria, contra varios apartados del artículo único y contra las disposiciones adicionales y finales indicadas.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Cantabria contra el Real Decreto-ley 2/2025, que aprueba medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones migratorias extraordinarias.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Extremadura contra el Real Decreto-ley 2/2025, que aprueba medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, y contra su convalidación en el Congreso.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 2/2025, que aprueba medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. El recurso lo promueve el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 2/2025, que aprueba medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional resuelve una impugnación del Gobierno de España contra varios apartados de un acuerdo del Gobierno de Canarias y una resolución autonómica sobre menores extranjeros no acompañados. La sentencia analiza si esas disposiciones excluyen la protección de estos menores cuando son rescatados en el mar o interceptados en la costa.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara la nulidad parcial de los preceptos que regulan la inadmisión de demandas para recuperar la posesión de una finca cuando el demandante sea gran tenedor, y extiende esa nulidad al precepto sobre documentos que deben acompañar a las demandas ejecutivas.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, que aprueba medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Modifica las bases reguladoras de las subvenciones a asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro que representan y defienden los intereses de las víctimas del terrorismo. Cambia el reparto del excedente de la convocatoria, la justificación de los gastos, los criterios de cuantía, la publicidad, el baremo de puntos y los gastos de personal y costes indirectos imputables.

Regula la concesión directa de subvenciones a entidades locales afectadas por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, para actuaciones dirigidas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. El Gobierno destina 60 millones de euros a atención psicosocial, cuidado de la infancia vulnerable y recuperación de espacios seguros de juego y socialización.

El acuerdo fija la aportación de 4 millones de euros del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para proyectos de reasentamiento, retorno voluntario asistido y reintegración, movilidad laboral e inclusión social. El pago se hace en un único desembolso.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 9/2024, que contenía medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y de Seguridad Social, y prorrogaba medidas frente a situaciones de vulnerabilidad social. La derogación se publica en el Boletín Oficial del Estado.

El acuerdo regula la colaboración entre el Ministerio del Interior y la oficina en España del ACNUR para que esta participe en el procedimiento de reconocimiento de la protección internacional. El Ministerio financia personal especializado, interpretación y traducción y una consultoría.

Fija los precios de los cargos del sistema eléctrico para 2025 y otros costes regulados. También aprueba el reparto de las cantidades para financiar el bono social y el suministro de electricidad de determinados consumidores en 2025.