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El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 23/2026, que adopta medidas fiscales y financieras urgentes para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma. También incluye medidas para que las comunidades autónomas con superávit ejecuten inversiones pendientes de ejercicios anteriores a 2026.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Presidente del Gobierno contra varios artículos y disposiciones de la Ley 4/2025, de Concordia de Extremadura. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 22/2026, que aprueba medidas urgentes sociales y económicas de apoyo a la ciudad de Ceuta. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, que establece medidas extraordinarias para fortalecer y consolidar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Con la convalidación, el decreto-ley mantiene su vigencia.

Aprueba la capacidad ordinaria de acogida de menores extranjeros no acompañados en cada comunidad y ciudad autónoma, calculada con la población de cada territorio a 31 de diciembre de 2025. Esta capacidad se usa para repartir a estos menores entre territorios cuando se declara una contingencia migratoria extraordinaria.

Fija el reparto entre las empresas del sector eléctrico de las cantidades que financian el bono social y el coste del suministro de electricidad de determinados consumidores vulnerables durante 2026. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia propone el reparto y el Ministerio lo aprueba.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Parlamento de Cataluña contra varios artículos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara que parte del proceso ha perdido objeto por sentencias anteriores y examina si los preceptos restantes respetan las competencias autonómicas en vivienda y urbanismo.

El Tribunal Constitucional anula los artículos 6.4 y 9.4 de la Ley catalana 24/2015, que obligaban a las empresas suministradoras a pedir un informe a los servicios sociales antes de cortar la electricidad o el gas y fijaban un plazo de 15 días para emitirlo.

El Tribunal Constitucional levanta la suspensión de la aplicación del artículo 97 de la Ley de simplificación administrativa de Cantabria, que añade apartados 2, 3 y 4 a la disposición adicional séptima de la Ley de derechos y servicios sociales de Cantabria. El recurso de inconstitucionalidad sigue en tramitación.

Crea y regula el Sistema de Información Estatal de Servicios Sociales (SIESS), un sistema para recoger y compartir datos e estadísticas sobre servicios sociales entre las administraciones. Fija sus principios y reparte las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.

Actualiza los estándares de competencias profesionales de catorce familias profesionales (como Agraria, Energía y Agua, Química o Transporte y Mantenimiento de Vehículos) recogidos en el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales. Estos estándares son la referencia para diseñar y actualizar las ofertas de formación profesional.

El Congreso convalida el Real Decreto-ley 6/2026, que modifica la Ley de Memoria Democrática. La norma trata el reconocimiento a favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la Democracia.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, que aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de la Comunidad de Madrid contra varios artículos de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Declara constitucionales los preceptos sobre el derecho a disfrutar de una vivienda digna y sobre las viviendas asequibles incentivadas, y aprecia pérdida parcial de objeto en otros puntos.

El Pleno del Tribunal Constitucional levanta la suspensión de varios preceptos de la Ley 5/2024 de Galicia, de medidas fiscales y administrativas, que había sido acordada al admitir un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno. Los preceptos impugnados son los apartados 2, 13, 17, 19, 20, 21 y 25 del artículo 30 y el artículo 45.5.

Aprueba el traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de los medios personales que gestionan las prestaciones familiares no contributivas y el subsidio por nacimiento y cuidado de menor no contributivo. El traspaso se rige por el Acuerdo de la Comisión Mixta de 16 de enero de 2026.

Crea y regula el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería, donde se inscriben entidades habilitadas para presentar por vía electrónica solicitudes de extranjería en nombre de otras personas. La orden fija los órganos competentes, el procedimiento de inscripción, las obligaciones de los colaboradores y su baja del registro.

Suprime el centro de internamiento de extranjeros de Algeciras y su anexo de Tarifa, y crea un nuevo centro en Algeciras en otra ubicación. La Dirección General de la Policía se encarga de trasladar a los internos y reorganizar los recursos humanos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra varios apartados del artículo 30 y del artículo 45 de la Ley de medidas fiscales y administrativas de Galicia de 2024. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la vigencia y aplicación de esos preceptos queda suspendida.