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España renueva su reserva al Convenio penal sobre la corrupción del Consejo de Europa. La reserva permite exigir que un hecho sea delito también en el país donde se cometió (doble incriminación) para perseguir a españoles por delitos cometidos en el extranjero. La renovación dura tres años desde el 1 de agosto de 2025.

Fija el 1 de septiembre de 2025 como fecha de inicio de actividad de la Autoridad Independiente de Protección del Informante. Hasta el 1 de noviembre de 2025, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes le seguirá prestando servicios de personal, logística, contratación, informática y web.

El Consejo de Seguridad Nacional aprueba la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2025, que sustituye a la de 2019-2023. La orden publica el acuerdo y su texto como anexo para conocimiento general.

España ratifica el Convenio del Consejo de Europa contra la manipulación de competiciones deportivas. El Convenio obliga a los Estados a prevenir, detectar y sancionar los amaños de partidos, y a cooperar entre autoridades, organizaciones deportivas y casas de apuestas. España se reserva no aplicar una parte del artículo 19 sobre competencia judicial.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la ley que añadió al Código Penal el artículo 172 quater, que castiga el acoso a mujeres que acuden a clínicas para interrumpir voluntariamente el embarazo y a los profesionales sanitarios de esos centros. La sentencia analiza si esa norma respeta el principio de legalidad penal y las libertades ideológicas y de expresión.

Crea las unidades administrativas de varias oficinas de asistencia a las víctimas del delito: una en la Audiencia Nacional, otra para víctimas del terrorismo en la Audiencia Nacional y oficinas en Mallorca, Ibiza, Menorca, varias provincias de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla. Regula su estructura, personal, funciones y dependencia.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 14/2022, que adapta la legislación penal española a directivas europeas y reforma los delitos contra la integridad moral, los desórdenes públicos y el contrabando de armas de doble uso.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 14/2022, que adapta la legislación penal española a directivas europeas y reforma los delitos contra la integridad moral, los desórdenes públicos y el contrabando de armas de doble uso. El recurso lo presentan cincuenta diputados.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra tres disposiciones finales de la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados.

España renueva su reserva al Convenio penal sobre la corrupción del Consejo de Europa. La reserva permite exigir la doble incriminación para perseguir delitos de corrupción cometidos por españoles en el extranjero. La renovación vale tres años desde el 1 de agosto de 2022.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo único de la Ley Orgánica 4/2022, que modificó el Código Penal para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra la Ley Foral 16/2019 de Navarra, que reconoce y repara a las víctimas de actos de motivación política de grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. La sentencia interpreta varios preceptos de esa ley conforme a la Constitución, en particular el deber de colaboración de los poderes públicos navarros y las funciones de la Comisión de Reconocimiento y Reparación.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra la Ley Foral 16/2019, que reconoce y repara a víctimas de actos de motivación política de grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. La sentencia interpreta varios preceptos conforme a la Constitución, en particular sobre el deber de colaboración y las funciones de la Comisión de Reconocimiento y Reparación.

España se obliga a cumplir el Convenio del Consejo de Europa contra el tráfico de órganos humanos. El Convenio pide tipificar como delito la extracción ilícita de órganos y su uso, y establece medidas de protección de víctimas y testigos, prevención y seguimiento entre los países firmantes.