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El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 47 de la Ley 9/2007, de la Administración de la Junta de Andalucía. Un juzgado de Cádiz pregunta si ese artículo choca con la competencia exclusiva del Estado sobre legislación civil recogida en la Constitución.

Regula cómo los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas piden al Estado que les compense por la pérdida de ingresos del IBI y del IAE de 2026. Estos beneficios fiscales se concedieron por los daños de las inundaciones en municipios de Andalucía y Extremadura.

Establece reglas específicas para tramitar y ordenar el presupuesto de las ayudas que reciben los ayuntamientos, diputaciones, comarcas y áreas metropolitanas afectados por las borrascas entre noviembre de 2025 y febrero de 2026. También aprueba los modelos de solicitud que deben presentar.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 5/2026, que adopta medidas urgentes para responder a los daños causados por fenómenos meteorológicos adversos, con especial afectación en Andalucía y Extremadura.

Aprueba los nuevos estatutos de la Universidad de Sevilla, que regulan su naturaleza, sus órganos de gobierno, la actividad docente e investigadora, la comunidad universitaria y su régimen económico. Sustituyen a los estatutos anteriores y adaptan la norma a la Ley Orgánica del Sistema Universitario.

Declara la emergencia de interés nacional en Andalucía, Extremadura, La Rioja, Madrid y Murcia por el corte de suministro eléctrico del 28 de abril de 2025. El Ministro del Interior asume la dirección y coordinación de las actuaciones y de los recursos estatales, autonómicos y locales en esas zonas.

Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3/2024 de la Junta de Andalucía, que adopta medidas de simplificación y racionalización administrativa y de impulso de la actividad económica. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 8/2022 de Andalucía, que modifica la Ley 2/2003 de transportes urbanos y metropolitanos de viajeros. El recurso lo presentan diputados de varios grupos parlamentarios.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, promovido por más de cincuenta diputados.

Amplía en 100 millones de euros el presupuesto del programa de ayudas para eficiencia energética en PYME y gran empresa industrial. Ese dinero se reparte entre Aragón, País Vasco y Andalucía, que lo habían solicitado porque las peticiones superaban lo asignado.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre un inciso del artículo 74.2 de la Ley de autonomía local de Andalucía, que atribuye al órgano de representación municipal la aprobación de algo. El Tribunal Supremo plantea la duda por posible vulneración del artículo 149.1.18 de la Constitución.

Incluye en la Red Ferroviaria de Interés General un tramo del eje ferroviario transversal andaluz, entre los puntos kilométricos 90,100 y 99,400, conocido como Variante de Aguadulce. Ese tramo pasa a formar parte de la línea 04-422 Bifurcación Utrera-Fuente de Piedra.

Reforma el Reglamento del Parlamento de Andalucía en lo relativo a los grupos parlamentarios. Adapta la norma interna de la Cámara a los acuerdos contra el transfuguismo, incluida la figura del diputado no adscrito.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 2/2020 de Andalucía, que mejora y simplifica la regulación para fomentar la actividad productiva. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores.

El Tribunal Constitucional deja sin efecto la suspensión de varios preceptos del Decreto-ley 2/2020 de Andalucía, que regula la mejora y simplificación para fomentar la actividad productiva. La suspensión había sido acordada al admitir un recurso de inconstitucionalidad y publicada en mayo de 2020.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos apartados del artículo 40.4 de la Ley andaluza de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. La duda es si esa norma autonómica invade una competencia estatal sobre medio ambiente. El Tribunal se reserva el conocimiento del caso.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del Decreto-ley 2/2020 de Andalucía, que regula la mejora y simplificación para fomentar la actividad productiva. El recurso lo presenta el presidente del Gobierno.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, que adopta medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.