Buscar en el BOE

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, que recoge medidas de sostenibilidad económica en el transporte, en becas y ayudas al estudio, y de ahorro, eficiencia energética y reducción de la dependencia del gas natural.

Modifica el procedimiento de adhesión a la Central de Contratación del Estado para incluir también los sistemas dinámicos de adquisición, además de los acuerdos marco. Las entidades que se adhieran deberán contratar a través de ellos, salvo excepciones justificadas.

Regula las licencias y la prestación del servicio de recogida de desechos de buques y residuos de carga en los puertos de Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa y la Savina. Sustituye al pliego publicado el 4 de noviembre de 2021 y entra en vigor el día de su publicación en el BOE.

Aprueba el pliego que regula las licencias y la prestación del servicio de remolque portuario en los puertos de Palma, Alcúdia, Maó y Eivissa. Incluye las tarifas máximas aplicables y sustituye al pliego anterior, publicado en 2016.

Aprueba un plan de medidas de ahorro y eficiencia energética para la Administración General del Estado y sus entidades públicas. El plan busca reducir el consumo de energía en edificios, infraestructuras y movilidad del sector público estatal.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, que recoge medidas urgentes del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Actualiza las tarifas de 2019 que TRAGSA y TRAGSATEC aplican a los encargos de las entidades públicas para las que son medio propio personificado. Fija nuevos porcentajes de costes indirectos y gastos generales, y revisa los coeficientes para actualizar precios simples en actuaciones no sujetas a impuestos.

Actualiza las cifras que marcan los tipos de contrato en la contratación pública desde el 1 de enero de 2022. Sustituye los umbrales anteriores por los fijados por la Comisión Europea en cuatro reglamentos de noviembre de 2021.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 24/2021, que traspone varias directivas de la Unión Europea. Las materias son bonos garantizados, fondos de inversión transfronterizos, datos abiertos del sector público, derechos de autor en línea, exenciones temporales a importaciones y suministros, derechos de las personas consumidoras y promoción de vehículos de transporte por carretera limpios.

Regula cómo se organiza y funciona la Oficina Nacional de Evaluación, un órgano colegiado que analiza la eficiencia y sostenibilidad del gasto público y de los proyectos de colaboración público-privada. Establece su Pleno, su Unidad Técnica, los informes que debe emitir y los plazos para hacerlo.

Establece condiciones concretas para el uso del servicio de practicaje en los puertos de Santa Cruz de Tenerife y Granadilla. Aclara puntos de embarque y desembarque, medios mínimos del práctico y reglas de tarifas para buques que repostan en la zona de fondeo.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 22/2021, que adopta medidas urgentes para organizar en España la XXIV reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Declara de contratación centralizada estatal determinados medicamentos, productos sanitarios y servicios sanitarios. Reúne en una sola orden el contenido de dos órdenes anteriores de 2014 y actualiza la lista de productos sanitarios incluidos.

Modifica el Acuerdo de 2008 sobre el control interno de gastos públicos en régimen de requisitos básicos. Actualiza la comprobación de convenios y de transferencias a comunidades autónomas, adaptándola a la Ley 40/2015.

Establece que el control previo de ciertos gastos públicos se limite a comprobar unos requisitos básicos. Se aplica a convenios y transferencias a comunidades autónomas, y también a entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

El Banco de España crea dos sellos electrónicos: uno para administración electrónica y otro para licitación electrónica. Estos sellos identifican y autentican actuaciones administrativas automatizadas de la institución.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno Vasco contra el Real Decreto-ley 14/2019, que regula medidas urgentes de seguridad pública en administración digital, contratación pública y telecomunicaciones.

Actualiza las tarifas de 2019 que TRAGSA y TRAGSATEC aplican en los encargos de las entidades públicas para las que son medio propio personificado y servicio técnico. También revisa los coeficientes para actualizar los precios simples en actuaciones no sujetas a impuestos.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Gobierno de Aragón contra varios artículos de la Ley de contratos del sector público. Declara nulos algunos preceptos estatales sobre el órgano que resuelve el recurso especial en contratación y sobre el perfil del contratante de las entidades locales, y fija la interpretación de otros conforme a la Constitución.